«Hoy día creo que las torturas no existen prácticamente. Pero si estas en algún instante se producen por algún exceso, que puede ser, serán corregidas». El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) español, Carlos Dívar, asumió implícitamente la práctica de malos tratos en las comisarías durante su comparecencia de ayer ante la comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de la memoria de 2010. El jefe de la judicatura española había sido inter- pelado por Iker Urbina (Amaiur) sobre su disposición a implementar las medidas de prevención de las torturas recomendadas por el Relator de la ONU. Sobre este punto, Dívar no ofreció ninguna garantía, limitándose a argumentar que «se pueden presentar querellas» en caso de sufrir torturas.

La mayor parte de la respuesta del presidente del CGPJ se centró en los peligros de «deslegitimar» el Poder Judicial, una cuestión que utilizó tanto en referencia a la pregunta sobre torturas como al referirse a las recientes manifestaciones políticas de rechazo a la inhabilitación del juez Baltasar Garzón. Concretamente, sobre los malos tratos Dívar señaló que, de existir, estos obedecen a excesos que no pueden ser atribuibles a los magistrados. «No hay denuncias de que los jueces hayan torturado», defendió, para después lanzar un alegato a favor de la «presunción de inocencia». Finalmente, alegó que «todavía existe la acción popular por la que se pueden presentar querellas, incluso por quienes no son víctimas del delito», como argumento para defender que no existen malos tratos.

En su intervención, Urbina había recriminado al jefe de la judicatura española los criterios «políticos» que mueven a los togados en cortes como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Entre los ejemplos ofrecidos por el diputado abertzale se encuentran el alargamiento de las condenas de los presos políticos vascos, las detenciones de «cientos de personas por realizar exclusivamente actividades políticas y sociales» o la aplicación «sin mesura» de la prisión preventiva.

Dívar también negó haber ordenado a la Audiencia Nacional seguir instruyendo casos relacionados con ETA aun cuando estos hubiesen prescrito. «Esto es inexistente», señaló, contradiciendo al presidente del tribunal de excepción, Ángel Juanes. Emilio Olabarria, diputado del PNV, puso en duda las competencias del CGPJ en esta materia e instó a tomar medidas «proactivas» que consoliden el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria.