El magistrado Manuel Marchena, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo español contra Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por ordenar las escuchas del «caso Gürtel», por un presunto cohecho pasivo relacionado con el patrocinio de unos cursos que dio en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, se vio obligado a archivar esta investigación al considerar que, a pesar de que el juez actuó de forma delictiva, los hechos han prescrito al superar, en 25 días, el plazo establecido.

Según Marchena, el último de los patrocinios, efectuado por el BBVA, es del 17 de mayo de 2006 y la querella que dio origen al procedimiento se presentó el 12 de junio de 2009, «habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos».