El fiscal superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, defendió ayer la necesidad de investigar las supuestas irregularidades en expe- dientes de contratos de servicios informáticos que habría cometido el Departamento de Justicia del anterior Ejecutivo de Lakua. «La primera impresión es que hay que hacer una investigación porque es un tema serio», manifestó.

Sobre la información que reúnen los 30 folios entregados a la Fiscalía, consideró que está «bien elaborada» y es «completa», aunque precisó que «falta oír» a los responsables y a las empresas.

En el dossier elaborado por Lakua, cuyo contenido ya ha sido filtrado a algunos medios, se precisa que el proceso de informatización judicial de 2000 a 2009 supuso un importante sobrecoste, por cuantificar, debido a que se utilizaron dos sistemas distintos de gestión procesal y dos aplicaciones informáticas. Cita la existencia de trabajos inacabados que fueron pagados íntegramente, así como anomalías en contratos acabados.

Precisa, por otra parte, que uno de los pagos, por valor de 12.000 euros, corresponde a la implantación del sistema JustiziaBat en la jurisdicción de Menores, que no ha llegado aún a ninguno de esos juzgados, así como la adjudicación de uno de los supuestos contratos irregulares ocho días antes de la toma de posesión de Patxi López.

Lo que no ha clarificado la titular actual de Justicia, Idoia Mendia, es por qué Lakua sigue contratando a las firmas implicadas en las supuestas irregularidades, a las que además sigue subvencionando. Con respecto al caso, dijo ayer que carece de «información» sobre si existieron «órdenes políticas» detrás de las irregularidades, que quiere centrar en la etapa del anterior gobierno.