El Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia hizo público ayer un auto en el que declara «el archivo provisional», a la espera de posibles recursos, de las actuaciones penales abiertas respecto a la ocupación de un inmueble en la calle Gaztelubide 5 de la Parte Vieja de Donostia, rebautizado como Uxotegi.

La magistrada Silvia Villanueva dictamina que «de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal», por lo que «procede acordar el sobreseimiento provisional», un varapalo a la ofensiva abierta por los grupos de la oposición en el Consistorio contra el secretario de Alcaldía, Josetxo Ibazeta. La sentencia va más lejos al indicar que de los atestados no se desprende que los jóvenes «hayan ocupado el inmueble» y que no existen «otros indicios delictivos».

Los hechos se remontan al pasado setiembre, cuando un grupo de jóvenes entró en el edificio, abandonado desde hace años, con la intención de remozarlo y crear un gaztetxe. Poco después se personaron en el lugar agentes de la Policía Municipal y el mencionado Ibazeta.

A partir de ahí difieren las versiones. El Gobierno de Bildu siempre ha defendido la labor de la Policía Municipal a la hora de informar a los jóvenes sobre el estado de inseguridad del edificio y la labor de mediación realizada por Ibazeta para «facilitar la comunicación».

La oposición, que vio en este asunto la posibilidad de desgastar al alcalde Juan Karlos Izagirre, acusó al secretario de Alcaldía de «liderar» la entrada al inmueble aprovechándose de su cargo y al Gobierno de Bildu de «amparar la ocupación de una propiedad privada».

Versiones policiales

Tampoco ayudaba a despejar las incógnitas el hecho de que la Policía Municipal ofreciese diferentes versiones sobre el papel de Ibazeta; mediador o impulsor. Con su auto, la magistrada Villanueva zanja este asunto, al menos en la vertiente más relevante, la penal, si bien el abogado de la propietaria del inmueble ha anunciado que recurrirá.

La situación de Uxotegi se mantuvo hasta el 26 de diciembre, cuando la Ertzaintza acudió a desalojar el inmueble sin hallar a nadie en su interior. Desde entonces permanece tapiado.

En lo concerniente a los tribunales, resta por conocer la sentencia del juicio civil de «desahucio por precario», que podría saldarse con una importante sanción económica para los jóvenes del colectivo Uxotegi que están imputados.

La pasada semana arrancó la comisión de investigación sobre Uxotegi creada en el Ayuntamiento de Donostia, que preside el portavoz del PP, Ramón Gómez. Este mediodía (13.00) se celebrará la segunda sesión, en la que se definirá tanto el funcionamiento interno como la lista de comparecientes.

Será a puerta cerrada, mientras que posteriores reuniones estarán abiertas a la prensa y a la ciudadanía siempre y cuando los comparecientes no se opongan. El representante de Bildu, Axier Jaka, ya adelantó ayer que defenderá que todas las sesiones sean abiertas.

El edil de la coalición soberanista consideró que se ha aprovechado este asunto para «hacer un juicio político al actual equipo de gobierno», y exigió una rectificación pública al portavoz del PSE, Ernesto Gasco, quien en su día acusó al alcalde de «amparar actos ilegales».

Gasco reaccionó subrayando que «ningún partido político ha pleiteado en los tribunales, ni por lo civil ni por lo penal», pero insistió en pedir responsabilidades políticas «al amparar el Gobierno municipal de Bildu la ocupación ilegal de una propiedad privada».

«Evitar mayores problemas»

Jaka se mostró asimismo convencido de que se demostrará que la actuación del Gobierno municipal ha estado enfocada en «evitar mayores problemas y enfrentamientos, buscar vías de intermediación y soluciones».

Manifestó que tras este fallo judicial la comisión no tiene razón de ser y que Ramón Gómez «no es una persona neutral» y «tendrá escritas las conclusiones antes del comienzo», por lo que anunció que hoy pedirá la presencia de una persona «independiente».

Gómez replicó que «el único que no es neutral es el Gobierno de Bildu, que hace y deshace según le conviene», e incidió en que «lo que la comisión de investigación quiere es esclarecer las responsabilidades políticas, queremos saber si ha habido o no una mala actuación del equipo de gobierno».