El diputado de Amaiur Iker Urbina denunció ayer en el Congreso español que más de 10.000 ciudadanos vascos han relatado torturas los últimos 50 años. El parlamentario abertzale recordó que diferentes instancias internacionales, como Amnistía Internacional o el Relator de la ONU contra la Tortura, han apelado al Ejecutivo español a implementar estas medidas.

Urbina realizó su intervención durante el debate sobre una proposición no de ley presentada por el PNV y que abogaba por poner en marcha un plan de derechos humanos. La propuesta salió adelante con 308 votos a favor después de que la formación jelkide pactase con el PP la inclusión de una enmienda que fija la Constitución española como «instrumento jurídico fundamental» para garantizar estos derechos.

«Debe existir un verdadero compromiso por respetar los derechos humanos, no meras declaraciones de intenciones», señaló Urbina, que apostilló que su formación tenía intención de votar favorablemente hasta que se incluyó la enmienda del PP, acordada con el PNV. A su juicio, «desvirtúa radicalmente» las bases con las que debería de promoverse este plan, por lo que finalmente lo rechazaron.

Plazo de un año

En su intervención, Iker Urbina recordó las palabras pronunciadas la víspera por Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asumió que «las torturas no existen prácticamente», reconociendo implícitamente esta práctica. Además, recordó el 31º aniversario de la muerte en comisaría de Joxe Arregi y afirmó que las denuncias de malos tratos han proliferado a pesar de planes de derechos humanos como el aprobado por el Gobierno español en 2008. Finalmente, el diputado abertzale reivindicó los derechos de los presos a cumplir su condena en cárceles próximas a su domicilio.

Con 308 votos a favor, el Congreso aprobó un plan que insta a poner en marcha una estrategia con «medidas concretas, en política exterior e interior, para la promoción y protección de los derechos humanos». El diputado jelkide Aitor Esteban se mostró satisfecho por el acuerdo y fijó en un año el plazo dado al Gobierno español desarrolle las medidas a adoptar.