Ni el president de la Generalitat, Artur Mas, ni el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. La encargada de anunciar los detalles del acuerdo para los presupuestos del Principat fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que no dudó en sacar pecho y reivindicar que «el Partido Popular es más fuerte que nunca, tanto en España como en Catalunya».

Los últimos flecos de un acuerdo con el que todos contaban se cerraron el lunes de madrugada, después de que CiU cediese en los puntos donde el PP -que no votará a favor, sino que se abstendrá- proponía ligeras variaciones de cara a la galería. En la tasa turística, por ejemplo, los populares han conseguido que no se aplique hasta el 1 de noviembre; mientras que en la tasa sanitaria, las personas con pensiones no contributivas, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción y otros colectivos desfavorecidos estarán exentos de pagar un euro por cada receta.

La negociación, sin embargo, no ha sido tan ardua como se ha querido reflejar públicamente, ya que apenas ha existido discordia entre ambos partidos en cuanto a las líneas gene- rales de unos presupuestos que profundizan en las medidas de austeridad y en el debilitamiento del sector público. Uno de los puntos del acuerdo fija como objetivo la reducción del 25% de las empresas públicas, recorte que se suma al del 10% aplicado en los presupuestos del año pasado. El de la seguridad, sin embargo, es uno de los pocos sectores públicos que no sufrirá grandes recortes, ya que CiU y PP se han comprometido a mejorar las dotaciones y recursos de los Mossos d'Esquadra.

Vistos los términos del acuerdo, que incluye la propuesta de una ley de apoyo a los emprendedores y otra de estabilidad presupuestaria, no resulta extraño escuchar a Sánchez-Camacho declarar que se trata de «un acuerdo de futuro, que va más allá del presupuesto». Pese a que el PP, por respeto a CiU, ha evitado ponerse la medalla de socio preferente del Govern, el acuerdo estratégico entre ambas derechas refleja la PP-dependencia de CiU a la hora de desarrollar su agenda económica. Sánchez-Camacho lo sabe y disfruta de una centralidad política hasta ahora desconocida por los populares, mientras de fondo disputa con Duran i Lleida la interlocución entre la Generalitat y la Moncloa.

Quien no parecía ayer tan orgulloso del acuerdo era CiU, a juzgar por la ausencia de comparecencia para explicar los detalles. Tuvo que ser el portavoz del Govern, Francesc Homs, quien zanjase el asunto con una escueta declaración ante los medios, en la que realizó una valoración «positiva» del acuerdo, firmado «para tirar hacia adelante unos presupuestos difíciles en tiempos difíciles».

Y es que el nuevo pacto -que el portavoz parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, no dudó en equiparar a un nuevo Majestic, «pero sin foto»-, refleja con crudeza el abandono de la agenda nacional por parte de CiU, que ha preferido apostar «por el españolismo más rancio», en palabras del portavoz de ERC en Madrid, Alfred Bosch. Ambos partidos de la oposición se encontraron la puerta cerrada cuando mostraron su disposición a negociar los presupuestos.

La «transición nacional», tan en boga entre los dirigentes convergentes, sigue siendo una ambigua fórmula carente todavía de significado concreto, mientras que la reivindicación más explícita en este sentido, el pacto fiscal, se sigue posponiendo sine die, sabedores todos de que el PP con mayor poder político de la historia no cederá en este punto. CiU -que en el Congreso Nacional de marzo aprobará una ponencia cercana a las tesis independentistas- tendrá complicado explicar coherentemente la distancia entre un discurso más soberanista que nunca y unas prácticas políticas que lo dejan en manos del PP.

Presupuestos sin Ley de Acompañamiento. Solidaritat per la Independencia anunció ayer que, a no ser que CiU rompa sus pactos con el PP, sumaría el voto de sus tres parlamentarios a los de ICV-EUiA y Ciutadans para que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos tenga que pasar por el Consell de Garanties Estatutàries. Esto hará que la norma no pueda ser votada en el Pleno de hoy, tal y como estaba previsto, sino que tendrán que esperar un mes a que el Consejo emita su dictamen, por cierto, no vinculante. La portavoz de Iniciativa en el Parlament, Dolors Camats, explicó ayer que «el Consell debe dictaminar si la introducción de barreras económicas en el acceso a la Justicia y el acceso a la salud no vulnera los derechos de la Constitución española y el Estatut de Catalunya».

Sin embargo, como bien declaró Homs ayer mismo: «Todos sabemos cómo acabará esto». La apisonadora de la derecha no tendrá problema alguno en tirar adelante las cuentas para 2012, más con unas izquierdas que no se recuperan todavía del segundo Tripartit. En este sentido, ecosocialistas y republicanos han acercado posturas en las últimas semanas, aunque todavía se esperan señales de vida de un PSC que busca nuevas razones para existir después del fracaso de Carme Chacón.