Las Juntas Generales de Gipuzkoa debatieron ayer el informe de alegaciones presentado por la Diputación al Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia (PDIPP) y su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que se hicieron públicas el pasado 24 de enero, a petición de Aralar y PP. El informe de 34 páginas elaborado por funcionarios técnicos de la Diputación solicita la desestimación y retirada del plan y su informe debido a la «inadecuación ambiental, territorial, económica y legal de la solución por la que se decantan».

El diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, aludiendo a las conclusiones del informe, señaló que algunos usos y actividades que se recogen como parte de las soluciones que propone el PDIPP «son incompatibles» con algunos preceptos legales. Constata además que no se ha efectuado un «análisis riguroso» en relación con la funcionalidad portuaria, proponiendo como alternativa del puerto actual, la colaboración con otros puertos, o una combinación de las mismas, y en especial la de Bilbo. Otro de los puntos a los que se hace eco el informe es que la postura que defiende PDIPP causa perjuicio a la integridad de las algunas especies y hábitat de interés comunitario.

Asimismo, Alduntzin afirmó que el documento no argumenta los motivos por los que se prevé un aumento de tráfico con el nuevo puerto e incluso cuestiona la legalidad de la pretensión de construir una planta energética en la dársena exterior, lo que, según afirmó, resulta «incompatible con las prescripciones legales de la normativa de Costas y de Puerto».

A su vez, afirmó que la propia Autoridad Portuaria reconoce que con una mejora de la gestión de los muelles actuales el puerto de Pasaia podría acoger incluso mayor tráfico que el histórico alcanzado en 2007, defendiendo la «optimización» del puerto como la mejor solución.

Ronda de preguntas

Rebeka Ubeda, juntera de Aralar, apoyó la postura adoptada por la Diputación y pidió a Alduntzin que «articule la mayoría social» que se opone al proyecto, punto en el que ambos coincidieron en señalar como que una amplia representación de la sociedad guipuzcoana.

Respecto a PSE y PNV, Lore Suárez y Xabier Ezeizabarrena respectivamente, que apoyan el informe, acusaron a la Diputación de Gipuzkoa de emplear criterios políticos y no técnicos en las alegaciones, cuestión que fue rechazada por Alduntzin y que catalogó de «ofensivo» puesto que, según indicó, ningún cargo político ha redactado el informe.

Por su parte, el juntero del PP José María Murguindo, preguntó a Alduntzin que pasos dará el la Diputación en caso de que el Gobierno español avale el proyecto, que es quien tiene la última palabra. El diputado de Medio Ambiente mostró su confianza en que Madrid rechace el plan y «no dé cauce a semejante atrocidad».