prórroga de la vida útil
El PP decreta que Garoña podrá funcionar durante cinco años más
El ministro español de Industria, José Manuel Soria, anunció ayer que Garoña podrá permanecer abierta durante los próximos cinco años, y no descartó que la planta permanezca operativa hasta el año 2019. Estas palabras son la respuesta de Madrid al dictamen publicado anteayer por el Consejo de Seguridad Nuclear, que amparaba la continuidad.
Ion SALGADO | GASTEIZ
El Gobierno del PP ha cumplido su amenaza: Garoña podrá permanecer abierta durante al menos un lustro más. El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hecho público este vierne, ha sido acogido bien y de modo fulminante entre las filas del PP, que ya abre la puerta a la continuidad de la planta burgalesa hasta el año 2019, seis años más de lo previsto por el anterior Ejecutivo del PSOE.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, fue el encargado de anunciar ayer la polémica decisión del Gabinete derechista, que justifica la continuidad de la central nuclear en el dictamen emitido por el CSN. Un texto donde no se reflejan «impedimentos» para prorrogar la vida útil de la planta energética.
Llama la atención que la noticia, emitida por un ministro del Gobierno español, no se hiciera pública tras un Consejo de Ministros ni fuera anunciada en una comparecencia institucional. Soria realizó esta declaración de intenciones durante su intervención en el Congreso del PP, ante sus correligionarios.
Con satisfacción, el ministro, en calidad de afiliado, celebró el último dictamen del CSN. «España no puede permitirse renunciar a ningún tipo de fuentes energética», destacó. Un argumento reiterado en diferentes ocasiones por el propio Soria y por otros miembros del Gobierno de Madrid, que defienden la energía nuclear como una pieza angular en el mix energético.
Tal como confirmó ante los presentes, durante los próximos días su ministerio activará los informes internos necesarios para poder prorrogar la vida útil de Garoña hasta el 2019. Los citados informes, de los que no se han facilitado más detalles, se redactarán en base al dictamen del CSN para «poder prever que la apertura sea hasta 2019».
Sin embargo, como el propio CSN recordó el viernes, el dictamen, emitido en respuesta a una solicitud del Ejecutivo español, no excluye y es independiente del informe que deberá realizarse si Nuclenor -empresa propietaria de Garoña- presenta una petición para renovar la licencia de explotación.
Seguridad cuestionada
Las palabras de José Manuel Soria sonaron irónicas cuando defendió el modelo energético sobre el que se sustenta Estado español. En su opinión, destaca por ser «seguro, equilibrado y eficiente», tres adjetivos que chocan con las últimas noticias vinculadas a Garoña.
La «seguridad» defendida por el ministro español quedó en entredicho hace apenas unas semanas, cuando General Electric, la empresa que diseñó el reactor de la planta burgalesa, evidenció la existencia de un error en el diseño del reactor nuclear: un falló en las barras de fricción que podría general un accidente si la zona norte de Burgos sufriera un movimiento sísmico ordinario.
A estos errores se les deben sumar los evidenciados por el propio CSN durante las pruebas de resistencia, cuando se descubrieron graves deficiencias en el sistema eléctrico de la central. Sin embargo, los miembros del Pleno del Consejo parecen haberlos obviado, ya que, tal como recogen en el dictamen, «no existe ningún impedimento, bajo el punto de vista de la seguridad nuclear, y de la protección radiológica» para que se modifique el decreto anterior del Gobierno Zapatero. Un texto, aprobado en el año 2009, que fijaba el cierre de la planta burgalesa para el 6 de julio de 2013.
En un comunicado, el PNV solicitó al diputado general de Araba, Javier De Andrés (PP), que defienda la voluntad de los alaveses, que se han posicionado en numerosas ocasiones en contra de la central burgalesa.
Ecologistas en Acción defiende que nunca se tomaron medidas para garantizar el cierre de Garoña en 2013, tal como afirmó el PSOE. «El anterior gobierno es tan responsable como este de lo que pueda suceder», afirmó.
En el caso de que Nuclenor solicite la prórroga de su licencia, el CSN deberá volver a la planta burgalesa para realizar un nuevo informe que confirme la continuidad de Garoña hasta el año 2019, seis años más de lo previsto.
Las respuestas a la decisión de Soria no se hicieron esperar. En Euskal Herria el primer comunicado llegó desde las filas jeltzales. En palabras del portavoz del PNV en las Juntas Generales de Araba, Ramiro González, la posible continuidad de Garoña responde a una decisión «desde todo punto de vista equivocada, que pone en riesgo la salud y la vida de los alaveses». «Solo responde a planteamientos economicistas», añadió.
En la misma línea se pronunció Ecologistas en Acción. En un comunicado, la agrupación criticó al CSN por emitir un dictamen que «responde a los intereses de Nuclenor, en detrimento de la seguridad». Para Ecologistas en Acción, la decisión del Consejo y el pronunciamiento de Madrid eran de esperar, ya que el CSN es un organismo dirigido por cinco consejeros «pronucleares» -dos nombrados por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU-. «La petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad», lamentó. Asimismo, la agrupación ecologista denunció la connivencia del PSOE con el PP en la prorroga de la central, ya que el Gobierno de Zapatero tampoco cerró Garoña. I.S.
