Blanca Antepara «in memoriam»

Pocas fechas dicen tanto como la del 3 de marzo. Su mera mención, sin entrar en más detalles, zanja de raíz cualquier debate sobre el doble rasero institucional en lo relativo a víctimas, memoria, justicia o impunidad de las consecuencias de la violencia en Euskal Herria. El relato oficial, la reforma franquista que convirtió la dictadura en una monarquía democrática, estalla en mil pedazos cuando se asoma al espejo de la impunidad que deriva del terrorismo de Estado.

Seguimos con lógica atención el debate en torno a las víctimas en el cual algunos repiten constantemente, dirigiéndose a un determinado sector político, que sus movimientos no son suficientes. Tal vez deberíamos entender que si no basta con que la izquierda abertzale reconozca el dolor y el sufrimiento generado por la actividad armada de ETA, a los representantes del Estado español no les supondrá ningún esfuerzo hacer esa misma declaración en los mismos términos respecto al reguero de sangre que provocaron sus balas en Gasteiz.

Esto es, 36 años después, seguimos esperando que admitan su responsabilidad, que expresen un reconocimiento público del dolor causado por la policía dirigida en 1976 por Juan Carlos de Borbón (Jefe del Estado), Arias Navarro (presidente del Gobierno) y Fraga Iribarne (ministro de la Gobernación). El Gobierno británico ya lo ha hecho no hace tanto tiempo en Derry por su papel en la masacre del Domingo Sangriento de 1972 y nadie duda que lejos de suponer un problema, ese gesto ha ayudado a la convivencia en el Norte de Irlanda.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ¿acaso el Gobierno español o la jefatura del Estado no desean avanzar hacia un escenario de convivencia en Euskal Herria? Creemos que la respuesta no solo es negativa sino que el problema es mayor todavía. A nuestro juicio, han concluido que todo su sistema se mantiene a duras penas gracias a la mentira que supone su versión de los hechos: solo hay un tipo de víctimas y como mucho «algún exceso o abuso puntual» por parte del Estado. Si reconocieran el dolor causado en la masacre de Gasteiz, se daría pie a tener que hablar de otros cientos de casos similares y, por consiguiente, la violencia de Estado quedaría a la vista en toda su magnitud. La fotografía completa desnudaría la impunidad de la que disfrutan todos los criminales, sacaría a la luz que ha existido una continuidad temporal en las vulneraciones de derechos y por lo tanto visibilizaría la total injusticia en la que han cimentado su sistema político y económico.

Por eso insisten en su estrategia de mentira e impunidad, como si la gente no supiera lo que ha ocurrido en este país en las últimas décadas. Y en esta línea, no es casualidad que en la última vuelta de tuerca de ese ejercicio falsario de reescribir el relato a la medida de sus necesidades, en Euskal Telebista hayan lanzado una auténtica reedición del NO-DO. En lugar de «Represión e Impunidad», que hubiera sido la manera correcta de definir el periodo histórico que pretenden abordar, el producto aterriza con el título de «Transición y Democracia». En este enésimo intento de maquillar la impunidad, insisten en todas esas obsesiones del que ya se sabe perdedor, porque la batalla de la memoria la han perdido en Euskal Herria.

Hemos contemplado estupefactos como en esa serie se afirma literalmente que Txabi Etxebarrieta era un «asesino a sangre fría» porque mató a un inocente José Pardines «en un control rutinario». Les traiciona el subconsciente con lo de rutinario, sacado del manual de Melitón que todavía presidirá sus bibliotecas, porque la única rutina son sus mentiras de corto recorrido. Ahora pretenden criminalizar a Txabi Etxebarrieta; frente a su memoria revolucionaria, sacralizan a un guardia civil franquista a sueldo de una dictadura que vulneró sistemáticamente los derechos humanos desde el primer hasta el último día, durante por lo menos 40 años. Una vez comenzados a resbalar por la pendiente en 1968, el relato de su pretendida «Transición y Democracia» continúa en caída libre hasta llegar a la matanza de Gasteiz de 1976. Si un militante que lucha contra el franquismo es un «asesino a sangre fría», no piensen que gasear primero y ametrallar después, una asamblea multitudinaria de trabajadores, merece las mismas o mayores consideraciones. El relato en el neo-NO-DO se cuenta de la siguiente manera: «En marzo de 1976 una intervención de la policía ocasionó la muerte de cinco de los congregados».

Resumiendo, para los defensores de la impunidad, la sinopsis de este convulso periodo es la siguiente: «ETA asesina» y «el Estado ocasiona». Bajo esa premisa, en una especie de competición de patinaje histórico se afirma literalmente que «el terrorismo etarra se convirtió en el principal lastre de la transición española». Las causas y las consecuencias se diluyen. Eso sí, todo esto lo avalan con datos, sesgados claro, y es que el citado medio de comunicación nos cuenta que ETA (m), ETA (p-m) y los Comandos Autónomos Anticapitalistas acabaron con la vida de más de trescientas personas entre 1975 y 1982. Ese es el plan de comunicación del relato oficial, solo se contabilizan las muertes provocadas por acciones de estas organizaciones armadas clandestinas. Es un auténtico ejercicio de hipocresía, ocultar la realidad de esa manera. En ese periodo en el que por razones obvias en Martxoak 3 Elkartea nos sentimos tan aludidos, además de comprobar a quien incluyen en esas listas de «víctimas del terrorismo», sobre todo tendríamos que aportar otras cifras para completar la fotografía de lo que ha ocurrido en este país. En concreto, con los datos de Euskal Memoria que cualquiera puede consultar y cotejar, entre los citados 1975 y 1982 se produjeron por lo menos otras 199 muertes, medio millar de heridos, más de 5.000 detenidos y cientos de torturados con nombre y apellidos. Todas ellas víctimas de la violencia de Estado en todas sus expresiones y derivadas policiales o de guerra sucia en comisarías, cárceles, controles de carretera e incluso manifestaciones en la calle y a plena luz del día. 

Ellos lo ocultan, nosotros lo denunciamos; por eso necesitamos una Comisión de la Verdad que responda claramente conforme a la legislación internacional en materia de DDHH y analice las vulneraciones que se han producido en Euskal Herria. Si la mayoría social y política de este país comparte el diagnostico de que es necesario ese mecanismo, se acabará materializando. Así podremos generar las condiciones para acceder a la Verdad, la Justicia y la Reparación, y afianzar unas garantías de que hechos pasados no vuelvan a repetirse.

Mientras tanto, hasta que no construyamos herramientas desvinculadas de las estructuras que han posibilitado la impunidad durante todo este tiempo, tenemos que seguir trabajando y concienciando. Nuestra respuesta es compromiso, como el que nos ha demostrado siempre Blanca Antepara a lo largo de toda su vida en este largo camino en el que siempre nos ha acompañado. Ahora, aunque no esté físicamente con nosotros, su coraje, espíritu de lucha y solidaridad siguen presentes, porque Blanki es 3 de Marzo, y 3 de Marzo es dignidad. Agur eta Ohore.