La intervención de Idoia Mendia dejó no pocas preguntas sin respuesta. La primera, y evidente, ¿por qué la Dirección de Derechos Humanos pidió a Carlos Jiménez Villarejo que buscara avales para dar el premio a Baltasar Garzón? No ha trascendido que nadie más haya iniciado una campaña para otro candidato. ¿Por qué el encargo se realizó antes siquiera de que se aprobaran las bases de un premio que todavía no ha sido convocado públicamente? ¿Se pretendía dar ventaja a esta candidatura? Dado que en las bases del año pasado el tiempo para reunir apoyos era de un mes, ¿el objetivo de la petición con información privilegiada era que no hubiera más que una candidatura suficientemente avalada para que el jurado independiente no tuviera más remedio que apoyarla?

Y, junto a estas cuestiones metodológicas que ponen en cuestión la limpieza del premio y de sus convocantes, hay otra pregunta mucho más trascendente: ¿de verdad cree el Departamento de Justicia que desde Euskal Herria se le debe un premio de derechos humanos a Baltasar Garzón?