Diversos colectivos ciudadanos mantienen una batalla en la calle y en los despachos para que finalmente la Autoridad Portuaria de Bilbo no lleve adelante sus planes para extraer 49,5 millones de metros cúbicos de sedimentos del fondo del Abra. La cantera submarina se localiza en mar abierto, frente al dique de Punta Luzero.

El material que se obtenga del dragado será vertido en las obras de ampliación del puerto. El espigón central en la zona abrigada por el dique de Zierbena y su contradique requerirán de al menos 20 millones de metros cúbicos, aunque también se apunta a que servirán para el futuro dique de cruceros de Getxo. Por tanto, los cerca de 50 millones de metros cúbicos que se ha autorizado extraer son estimativos, ya que en última instancia dependerá de las necesidades reales, tal y como desvelan los opositores.

Quienes vienen movilizándose contra este nuevo proyecto de cantera submarina aseguran no se conocen con exactitud las consecuencias de tal operación y los propios estudios técnicos encargados por la Autoridad Portuaria no lo aclaran; al contrario, advierten de serios peligros para el medio ambiente y el ser humano. Desde la plataforma Abra Bizirik alertan de que un informe de Azti-Tecnalia «determina como significativo e irreversible el impacto que ocasionará en las playas de Arrigunaga y Ereaga», añadiendo que la afección, a consecuencia de la modificación del oleaje y corrientes, se dará en forma de basculaciones en los depósitos de arena y afloramientos rocosos en las orillas.

Desde Getxoko Auzokideak se apostilla que, al margen de los dos arenales, otra zona que se verá afectada será la de los acantilados de Galea, sin olvidar la práctica pesquera que aún pervive en el Abra. También se apuntan cambios, aunque de menor entidad, en la playa de La Arena, en Muskiz y Zierbena, aunque se estima de vital importancia que pretende iniciarse un nuevo dragado cuando aún no han transcurrido cinco años del que se efectuó en 2010, desconociéndose el impacto que tuvo, por ejemplo, sobre el sistema dunar de Muskiz.

En el caso de los dos arenales de Getxo, frecuentados por decenas de miles de vizcainos en la temporada de baños, las afecciones pueden ser muy negativas para su uso lúdico. Pero los problemas no se circunscriben a este ámbito, pues otro análisis de la UPV-EHU alerta de la dispersión de contaminantes por costa, playas y medio marino, a pesar de que no hay un estudio muy exhaustivo de los fondos en el estuario del Ibaizabal. «Teniendo en cuenta las corrientes dominantes, de oeste a este, y las mareas, municipios como Muskiz, Zierbena, Getxo, Sopela, Barrika... y por supuesto todos los municipios de la Ría serán visitados por residuos orgánicos, tóxicos y metales pesados de los que nos estábamos, poco a poco, olvidando», subrayan desde Abra Bizirik.

Los ecologistas acusan a la Autoridad Portuario de Bilbo de «temeridad». «Es una barbaridad. Levantar todos esos lodos y sedimentos para que el agua los disperse y reubique por toda nuestra costa. Sin duda -inciden en sus escritos-, se trata de una temeridad y una absoluta irresponsabilidad». Recuerdan que en el estuario del Ibaizabal se acumulan sedimentos y lodos tóxicos de un siglo de intensa actividad industrial y de la llegada de decenas de miles de personas al área metropolitana de Bilbo, lo que la convirtió en «una de las zonas más contaminadas de Europa».

«No dudamos en calificarla como cementerio tóxicos», puntualizan. «La Autoridad Portuaria llama a los sedimentos de esta zona 'yacimiento'; nosotros, cementerio tóxico», reiteran. También dan por hecho que, bajo la capa más superficial del fondo marino, se esconden miles de toneladas de sedimentos y lodos tóxicos.

«La histórica acumulación de residuos fecales e industriales, de lo que en tiempos cercanos fue una de las zonas más contaminadas de Europa, quedó ahí y queremos que ahí siga estando, inmóvil. Se trata -precisan desde Abra Bizirik, al solicitar «sentido común» al dar el plácet definitivo al polémico proyecto- de la cruel herencia de nuestro pasado `desarrollo' urbano e industrial».

Para obtener los 49,4 millones de metros cúbicos de sedimento, la draga de succión actuaría sobre una superficie total de 11,7 kilómetros cuadrados de fondo marino, extrayendo un espesor de materiales en torno a los 4 o 5 metros.

A quién compete en el fondo marino

Quienes rechazan el proyecto entienden que las competencias de la Autoridad Portuaria de Bilbo se limitan a «las aguas marítimas, terrenos, obras e instalaciones fijas de los puertos de competencia estatal», y por ello concluyen que el lecho marino no pertenece a ese organismo. Consideran que el Puerto es competente solo para el fondeo y control de los buques, no para extraer miles de toneladas de sedimentos.

Las alegaciones presentadas por el grupo municipal INDAZ, de Abanto, remarca que el material de extracción no es de titularidad del Puerto, sino de Costas, «y por tanto es la Ley de Costas la que se debe aplicar». Señalan que la zona de dragado se encuentra en un espacio que pasó a ser de dominio público portuario en 2003 tras la ampliación del área portuaria para incrementar el área de fondeo en el Abra exterior. «La actividad que se pretende desarrollar es una actividad extractiva en una zona de fondeo, que nada tiene que ver con las funciones atribuidas a un espacio portuario. Es decir, que no se pretende dragar para ampliar el calado o para reforzar un determinado canal, etc. Se pretende dragar con el único objetivo de obtener materiales de relleno, actividad más propia de una cantera que de un puerto», argumentan.

Asimismo, INDAZ señala que los impactos y las consecuencias del dragado, «muchos de ellos irreversibles», se producirán fuera del espacio portuario en una parte de la costa vizcaina. Abundando en las afecciones, opinan que el proyecto no está debidamente justificado; tan solo la extracción de 4 millones de metros cúbicos de materiales, no de los 48,9 que se contemplan.

Tampoco les convence el argumento de que con la ampliación de la zona portuaria se generarán puestos de trabajo y actividad económica hasta 2030. «Nos parece que ante un proyecto de estas características, con numerosos impactos irreversibles cuyos efectos están sin determinar en muchos casos, no se puede admitir de ninguna manera una argumentación tan simple, pobre, además de aventurada», comentan en sus alegaciones, antes de negar a la Autoridad Portuaria que sea la competente en dar el permiso. «Vulnera gravemente los principios de imparcialidad y objetividad», denuncian.

«No es admisible que la Autoridad Portuaria, promotora de la actuación, redacte el proyecto, encargue el Estudio de Impacto Ambiental, responda a las alegaciones y finalmente se apruebe a sí misma el proyecto», sostienen. Además, creen que este argumento se refuerza con que la Autoridad Portuaria no es titular del lecho marino.