El director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, confirmó ayer directamente al alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, que el Gobierno español va a «ralentizar» la construcción de la nueva cárcel de Zubieta, si bien «los compromisos adoptados se mantienen».

Ante las afecciones que esta decisión tendría, el primer edil solicitó una reunión que, salvo cambios de agenda, se celebrará en un plazo máximo de dos semanas. Al parecer, la postergación de las obras se debe a los problemas económicos del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los primeros afectados son los propios presos que cumplen condena en Martutene, un centro penitenciario obsoleto, con malas condiciones de salubridad y problemas de hacinamiento. Su derribo está supeditado a la edificación de Zubieta, mientras que su mantenimiento crea un efecto dominó que paraliza proyectos urbanísticos de suma importancia para la ciudad.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en todos los despachos del Consistorio. El propio Izagirre le recordó a Yuste la repercusión «en el proyecto estratégico de Txomin-Enea», donde se prevén construir «alrededor de 1.200 viviendas a ejecutar en distintas fases» y de las cuales unas 300 están directamente ligadas al derribo de la vetusta prisión.

El alcalde también se refirió a «los compromisos y convenios en vigor», que afectan, entre otros proyectos, a la edificación de un polígono industrial en el entorno de la nueva cárcel, en Eskusaitzeta.

Los tres partidos de la oposición coincidieron en mostrar su desacuerdo, incluido el PP, formación que gobierna en Madrid. Su portavoz en el Ayuntamiento, Ramón Gómez, incidió en que el proyecto es «de vital importancia para el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad» y aseguró que hablará con el Ministerio de Interior para tratar de revertir la situación.

Por parte del PSE, el concejal Enrique Ramos recordó que «Martutene es considerada como una de las cárceles del Estado en peores condiciones» y que la paralización de Zubieta «pone en peligro el desarrollo del que iba a ser el mayor polígono industrial de Gipuzkoa».

Explicó que Madrid tenía que hacerse cargo «de la compra de la parcela, que ocupa una superficie de 105 hectáreas, de las que el 28,8% iba a estar ocupado por el nuevo centro penitenciario. El nuevo polígono podía alcanzar los 300.000 metros cuadrados de techo».

Hotel y exámenes de conducir

Además, el Estado se encargaba «de los correspondientes movimientos de tierra, de la urbanización y dotación de servicios del polígono, y de los accesos al mismo». En esta zona, la Real Sociedad tenía previsto construir un centro hostelero, al lado de su campo Z-7, y se iba a acondicionar un área para que Tráfico realice los exámenes del carné de conducir.

Desde el PNV, su edil Iñaki Gurrutxaga recordó que la decisión de Madrid afecta a «parte de las instalaciones para el tratamiento de residuos. Por si las indefiniciones del Gobierno de Bildu no fueran suficientes para arrojar sombras sobre este proyecto tan importante para Donostia, ahora viene el PP y añade una nueva incertidumbre de este calado».