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Análisis | VISITA DE NICOLAS SARKOZY

Cuando el cabreo popular se confunde aposta con violencia

El revuelo organizado en la visita a Baiona del candidato a renovar el cargo de presidente ha sido tal que está dando lugar a manipulaciones e interpretaciones desmesuradas, en particular por parte de los políticos de la UMP que se han sentido humillados.

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Arantxa MANTEROLA

Aunque el ambiente político derivado de la controvertida visita de Nicolas Sarkozy todavía está lejos de serenarse, conviene recentrar los incidentes de Baiona, sobre todo ante las reacciones, interpretaciones, falsedades y manipulaciones que, desde diversas personalidades políticas e, incluso, algunos medios de comunicación siguen vertiéndose y probablemente seguirán vertiéndose durante toda la campaña electoral.

Para empezar lo acaecido el jueves en Itsasu y Baiona no fue una emboscada urdida por extremistas, independentistas, altermundialistas y otros muchos istas, incluidos los socialistas, como lo han querido vender los compañeros de partido del vilipendidado candidato a la Presidencia francesa.

Bien es cierto que diversos colectivos llamaron a manifestar ante Sarkozy sus respectivas reivindicaciones. En los frustrados intentos de jóvenes abertzales y opositores al TAV en Itsasu era evidente que la mayoría de participantes eran seguidores o simpatizantes de los grupos convocantes. De hecho, conociendo la dinámica de las organizaciones sociales y políticas de Ipar Euskal Herria, solo ellos tienen la capacidad de movilización inmediata en un lapso de tiempo tan corto.

En cambio, en Baiona fue completamente diferente y así lo percibieron la mayoría de medios de comunicación locales que conocen el terreno. Obviamente, sí había gente que respondió al llamamiento de colectivos como Bizi!, Batera, EHBai etc. pero sus protestas quedaron bien pronto relegadas por la reacción de la gente llana, sin adscripción política aparente, que vino a espetar su cólera y desesperación a quien consideran responsable, en primer término, de la cada vez más difícil situación que viven.

Era visible que el perfil de la mayoría de los contestatarios no correspondía al de los militantes de los colectivos citados. Otra cosa es que los agraviados quieran o necesiten esquivar lo evidente y, quizás hasta previsible dadas las bajas cotas de popularidad de Nicolas Sarkozy. Para algo era un acto de campaña. Pero está claro que, aparte del peso del componente reivindicativo propio de Ipar Euskal Herria, bien podía haberle ocurrido lo mismo en Mont-de-Marsan o en Limoges.

Las desproporcionadas reacciones de los electos y representantes de la derecha que tildan de «violento, antidemocrático, antirrepublicano e inadmisible» lo que, en realidad no es más que un ejercicio de la libertad de expresión, muestran, una vez más, que cada uno tiene su propio concepto de lo que son los derechos y libertades. Abuchear, pitar, gritar, desplegar pancartas o protestar, se está convirtiendo, para algunos, en «ataques violentos de unos intolerantes» que, vaya casualidad, son casi siempre gentes venidas de fuera.

No ocurre todos los días que un jefe de Estado reciba una bronca monumental como la de Baiona pero, aún así, no cabe duda de que los incidentes de la capital han sido sobredimensionados. Como también lo han sido algunas respuestas de Sarkozy a determinadas preguntas de los periodistas.

Sarkozy ha mostrado su «deseo» de que los presos sean acercados a sus casas pero bajo reserva de una serie de condicionantes (que estén condenados, limitado para los de nacionalidad española) y, aparte de su deseo, no ha adquirido compromiso alguno de llevarlo a cabo. De hecho, si aplicara esa medida en los términos que explicó, solo unos cuantos presos vascos de nacionalidad francesa podrían ser trasladados. Si lo avanzado en un tema tan importante como el del acercamiento fuese una decisión política firmemente establecida por el Estado francés, es poco probable que Sarkozy lo anunciara en un caserío de Itsasu, en el contexto de una visita electoral y respondiendo a preguntas de los medios de comunicación.

Ello no significa que, a pesar de todos los matices y ambigüedades que encierra su respuesta, no haya un cierto movimiento en sus posiciones, sobre todo comparado con la inmovilidad que a este respecto mantiene el Gobierno español. Esos perceptibles avances, aunque pequeños, son fruto de la presión social y política, de años de denuncia de una política penitenciaria cruel e inadmisible cada vez más difícil de justificar.

Lo mismo ocurre con la respuesta que ha dado a otras cuestiones latentes en Ipar Euskal Herria como la de la demanda de un reconocimiento institucional. Sarkozy ya no puede contestar con una negativa tajante y la ha supeditado al consenso de los electos -que no de los ciudadanos-, al respeto del marco republicano y al rechazo de la violencia.

El posicionamiento demuestra una apertura, cuando menos a nivel discursivo, a la que no es ajeno el trabajo de socialización de la demanda realizado por diferentes agentes y que, más allá de los sectores abertzales o identitarios, está calando incluso en sus propias filas. Pero de ahí a interpretar que vaya a hacerlo mañana o en su próximo mandato si es reelegido, queda un buen trecho a recorrer.

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