Pese no tener relación alguna con aquella matanza, ETA volvió a ser evocada ayer en los actos conmemorativos organizados en Madrid en el octavo aniversario del 11-M. Esta vez la AVT usó la jornada para tratar de apuntalar su posición en el nuevo escenario abierto por el fin de la lucha armada. Aprovechó la presencia del ministro de Justicia del Ejecutivo español, Alberto Ruiz Gallardón, para defender la doctrina del Tribunal Supremo que permite prolongar la condena de los presos políticos vascos más allá de lo previsto en la ley y que debe ser revisada por el Constitucional.

En un acto celebrado en el Bosque del Recuerdo, situado en el céntrico parque de El Retiro, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, utilizó sus primeras palabras para defender la reapertura del caso del 11-M, tal como solicitan ciertos medios de ultraderecha.

A este respecto, la dirigente de la AVT, cuya hija falleció en los sucesos del 11 de marzo de 2004, afirmó que se deben seguir investigando todos los atentados, «desde el 11-M hasta los más de 300 de ETA». «Para dignificar a las víctimas hay que hacer justicia», añadió.

La idea de justicia de Ángeles Pedraza se basa en que «los terroristas cumplan íntegramente sus condenas» y que no se les reduzca a «hurtadillas con beneficios penitenciarios». Una defensa a ultranza de la doctrina del TS, que tuvo como público a una amplia representación de cargos y militantes del PP y de UPyD, dos formaciones que ven con buenos ojos esa práctica o la nueva cadena perpetua revisable que propone Gallardón.

En el mismo sentido, la presidenta de la AVT afirmó que los afiliados a su asociación no van a aceptar «ningún grado de impunidad, ni con el 11-M ni con un supuesto final de ETA». «Un final impune en el que no se conozca la verdad y no se rescate la memoria y la dignidad sería un fraude, una trampa, una mentira», concluyó.

«Conspiranoicos»

Mientras en El Retiro Pedraza se esforzaba por seguir estableciendo alguna ligazón -aunque ya solo con afirmaciones indirectas- entre ETA y el 11-M, en la Estación de Atocha la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, criticaba la «manipulación repugnante de los conspiranoicos fanáticos», que han conseguido que el fiscal general del Estado abogue por la revisión de algún fleco del caso.

En un acto organizado en el exterior de la estación, Manjón afirmó que los miembros de su asociación estarían «encantados» de que hubiera sido ETA la autora de los atentados, y de que el explosivo encontrado en los vagones de los trenes fuera tytadine. «Así podríamos pertenecer a cualquier gobierno, al Gobierno Vasco, o ser eurodiputados sin que se nos denomine politizadas [...] y sin ser insultados por incalificables personajes desde sus tribunas mediáticas», explicó con enfado.

Se quejó de tribunas mediáticas como la del diario «El Mundo», que durante los últimos años ha protagonizado «una campaña en defensa de una malnacido -Jamal Zougam-, un terrorista y asesino condenado como autor de 191 asesinatos a 42.917 años de prisión». «Si el asesino fuera `Txapote' y el diario GARA, el periódico ya estaría cerrado», advirtió la dirigente de la principal asociación de víctimas del 11-M.

Por otro lado, Manjón cargó contra la decisión adoptada por el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, que ha decidido investigar de nuevo los restos de uno de los trenes que supuestamente estalló en los atentados del 11-M.

En opinión de la portavoz de las víctimas, cuyo hijo también falleció en los atentados, este tipo de decisiones, adoptadas por la presión ejercida desde ciertos medios de comunicación, «conseguirán que algún día se deje de creer en la justicia democrática». «No sé qué es lo que quieren buscar -denunció indignada-. Volveremos a sufrir como hemos estado sufriendo con el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid», donde se instruyó una causa, archivada por la Audiencia Provincial, contra el ex jefe de los TEDAX en relación a la custodia de las pruebas obtenidas tras los atentados del 11 de marzo de 2004.

Por último, Manjón recordó al fiscal general que el caso está juzgado, y destacó que existen tres condenas que así lo confirman. La decisión de reabrir la investigación de lo ocurrido con el desguace de los trenes emana, según denunció, de «las conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas».