Unos 16.000 participantes, entre los cuales había residentes locales, refugiados, militantes, niños y también extranjeros, se reunieron en un estadio de béisbol en Koriyama, una ciudad a unos 60 kilómetros del complejo atómico siniestrado ahora hace un año. Los manifestantes llamaron a abandonar la energía nuclear y reclamaron la indemnización total de las víctimas por el operador de la central, la Tokyo Electric Power (TEPCO). «Nuestra ciudad se ha convertido en otro Chernóbil», gritó Masami Yoshizawa, que dirigía una granja en Namie, a 10 km de la central.

Monjes vestidos con sotanas grises y blancas oraron junto a varios militantes que enarbolaban pancartas en las que habían escrito «No olvidaremos jamás el Gran Seísmo del 11 de marzo. No perdonameremos jamás el accidente nuclear».

«Cada día se olvida un poco Fukushima», se lamentó Yumiko Ono, una grafista de 34 años llegada de Tokio. «Si no elevamos nuestros voces en este momento, otro accidente podría producirse. Queremos decir al mundo que la crisis y las dificultades continúan hoy», agregó.

A pesar de su cólera, los opositores a la energía nuclear guardaron un minuto de silencio a las 14:46 hora local, en el momento exacto en que hace un año un fortísimo seísmo de magnitud 9 se produjo en el fondo del Océano Pacífico, proyectando olas gigantescas contra la costa. La alimentación eléctrica y los sistemas de enfriamiento de los reactores de la central de Fukushima, construida a orillas del mar, fueron completamente inundados, provocando la fusión del combustible y emisiones radiactivas hacia la atmósfera. Los manifestantes, con las manos juntas en oración, se recogieron en memoria de las víctimas al tiempo que se escuchaba a los lejos el sonido de una sirena. Después de la oración, el cortejo desfiló por las calles de la ciudad, antes de que miles de velas fueran encendidas en memoria de las víctimas del tsunami.

Además, miles de japoneses pidieron en Tokio el fin de la energía atómica en el primer aniversario del accidente. El foco de las protestas fue el céntrico parque de Hibiya, donde se congregaron ciudadanos de todas las edades con llamativas pancartas, entre música en directo y proclamas y conferencias a pie de calle contra la radiactividad.

Entre una fuerte presencia policial que siguió de cerca la marcha por el distrito comercial de Ginza y la zona de ministerios de Kasumigaseki, los participantes (45.000, según los organizadores, y 6.800, según la Policía) fueron divididos en grupos para no entorpecer las calles en una soleada tarde. «Con un Fukushima ya hemos tenido bastante», dijo Yuta Ito, de 24 años. «Deberían cerrar todas las centrales nucleares. En Japón tenemos la tecnología para crear nuevas fuentes de energía pero el Gobierno elige la nuclear porque es más barata», opinó.

Población encolerizada

La población japonesa sigue encolerizada desde el accidente de Fukushima y manifiesta una creciente desconfianza hacia los 54 reactores instalados en Japón. En abril, sólo dos reactores permanecerán activos en Japón, ya que la presión popular ha logrado echar por tierra los planes nucleares de la compañía y de los gobernantes.

Una acampada de protesta que se inició tras el desastre nuclear se mantiene frente al Ministerio de Energía en Tokio y cumplirá pronto 200 días. El campamento es muy modesto pero su poder simbólico se extiende mucho más allá.

La manifestación de protesta que el 9 de setiembre de 2011 conmemoraba medio año desde la fisión del núcleo de Fukushima Daiichi, culminó con una cadena humana que rodeó completamente la manzana del Ministerio. Tras esa marcha, un grupo de ciudadanos de la prefectura de Yamaguchi comenzó una huelga de hambre ante la puerta del Ministerio, para exigir la paralización de una nueva central nuclear que se está construyendo en su provincia junto al pueblo de Kaminoseki. La huelga de hambre finalizó a los diez días, pero la tienda que se levantó para apoyar a los huelguistas permaneció.

De hecho, el campamento se amplió con una nueva carpa cuando afectados de Fukushima viajaron también a Tokio para mostrar su descontento por la nula transparencia de las autoridades y la compañía TEPCO.

Las demandas de los activistas superan lo relacionado con la gestión del desastre nuclear. Kazuyuki Tokune, miembro del grupo permanente de gestión del campamento, habla claro: «Japón no es una democracia; debemos funcionar bajo una constitución y unas leyes escritas por la gente, no implantadas desde arriba» dice en referencia a la Constitución nipona, que nunca ha sido modificada.

El campamento no tiene fecha prevista de finalización, según relatan en «Diagonal» Ignacio J. Miñambres y Takuro Hoguchi. Continuarán allí «mientras el Gobierno no revele toda la verdad y adopte las medidas que los afectados le demandan».

Como viene siendo habitual en las movilizaciones en Japón, la falta de cobertura mediática ha sido total, a pesar de lo cual cada vez más japoneses se distancian de las autoridades. «Sólo el 27 de enero, cuando el mismo ministro en persona vino a comprobar si obedecíamos un ultimátum de desalojo que nos había enviado, vinieron algunas cámaras de televisión», relataba un manifestante. «Ese día contamos con una concentración de apoyo de más de 800 personas. No nos moveremos de aquí porque ellos lo digan, sólo estamos haciendo un uso pacífico de nuestra libertad de expresión», concluía.