Cuando el próximo miércoles la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reúna para revisar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el «caso Bateragune» habrán transcurrido casi novecientos días desde que Baltasar Garzón -ahora inhabilitado y expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por un delito de prevaricación a raíz de su actuación en el «caso Gürtel»- ordenara la detención de destacados representantes de la izquierda abertzale.

El 13 de octubre de 2009 eran arrestados, en la sede nacional de LAB en Donostia, Rufi Etxeberria, Rafa Díez, Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto; en Iruñea, Miren Zabaleta, Ainara Oiz y Txelui Moreno; en Urnieta, Amaia Esnal y, en Hernani, Mañel Serra.

Dos años después, el pasado 16 de setiembre, un tribunal presidido por Ángela Murillo condenó a diez años de prisión a Díaz y Otegi, y a ocho años a Jacinto, Rodríguez y Zabaleta.

Ante la proximidad de la revisión de esa sentencia por el Alto Tribunal español, cerca de un centenar de personalidades de distintos ámbitos de la sociedad vasca se dieron cita ayer en el Palacio Miramar de Donostia.

Además de Esnal, Etxeberria y Moreno, entre los asistentes se encontraban Jone Gorizelaia y Hasier Arraiz (izquierda abertzale), el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, Rebeka Ubera y Dani Maeztu (Aralar), Oskar Matute (Alternatiba) y Mertxe Colina (AB); los directores de GARA y «Berria», Iñaki Soto y Martxelo Otamendi, y los periodistas Maddalen Iriarte y Darrin Wood (EEUU); los profesores Karmelo Landa y Francisco Letamendia; los escritores Joan Mari Irigoien y Juan Martin Elexpuru; el secretario general adjunto de LAB, Jabi Garnika, y el sindicalista Jesús Uzkudun; la exedil del PSN Ainhoa Aznarez y la exparlamentaria de EB Kontxi Bilbao.

Todos ellos respaldan un documento que fue leído, en euskara y en castellano, por la bertsolari Alaia Martin y el cineasta Eneko Olasagasti, en el que se exige la puesta en libertad de los cinco militantes independentistas, al tiempo que se reconoce su aportación a la solución democrática del conflicto.

Demostración de fuerza

Quienes respaldan esta iniciativa consideran que el fallo judicial que será revisado el miércoles se elaboró «con un evidente cariz político» y subrayan que se trata de «una sentencia de excepción» dictada por «un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional».

Una opinión ampliamente extendida entre la ciudadanía de Euskal Herria, como se recuerda en el documento presentado ayer ante los medios de comunicación: «Una mayoría política y social de nuestro país interpretó en su momento que el objetivo del juicio que se desarrolló en junio del año pasado y la posterior sentencia era entorpecer y condicionar los avances que se están dando en este país». No obstante, remarcan que quienes impulsaron ese veredicto «están errando del todo» puesto que «no alcanzarán su objetivo».

«Con la dura condena contra estos cinco ciudadanos vascos -puntualizaron-, el Estado español intentó realizar una demostración de fuerza, pero basada en la represión. Una demostración de fuerza contra una realidad política que a lo largo de los últimos años ha sufrido cambios sustanciales y de gran calado. Una respuesta represiva contra un escenario en el que una mayoría de la sociedad vasca vislumbra un horizonte de paz, justicia y democracia».

En definitiva, concluyen que se trató de «una demostración de fuerza que ha quedado absolutamente deslegitimada ante nuestro país».

Pasando del diagnóstico a las propuestas, el documento señala también que «la mayoría social vasca rechaza que se utilice la judicatura con fines políticos, contra el nuevo escenario», así como que «la sociedad vasca entiende que la defensa de todas las ideas políticas y la libre organización deben estar garantizadas». Por lo tanto, se incide en que «en esta nueva situación no hay lugar, deben cesar inmediatamente, las agendas políticas y jurídicas contrarias a la paz y las soluciones».

Teniendo en cuenta las implicaciones personales que tiene el comentado proceso judicial, las personas reunidas ayer en Donostia abogaron por que la sentencia de la Audiencia Nacional sea «revocada« y exigieron «la inmediata e incondicional puesta en libertad de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto».

Compromiso y aval

Para remarcar las razones que les han llevado a suscribir el manifiesto, las personas reunidas ante el Palacio Miramar se reafirmaron tanto «en nuestro compromiso con la solución democrática del conflicto» como «en el reconocimiento de la aportación que en esta tarea han realizado las cinco personas en la actualidad encarceladas». Y añadieron que los encausados «cuentan con el aval y la credibilidad de todos aquellos sectores políticos, sindicales y sociales de este país que siguen trabajando por la paz y las soluciones».

Las muestras de apoyo a los militantes independentistas, que se han sucedido desde el mismo día de su detención, proseguirán durante esta semana. Como se anunció ayer, el miércoles, coincidiendo con la vista pública que tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo, se llevará a cabo una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbo.