Extraño. El jueves pasado, día de una huelga general que en Euskal Herria fue realmente masiva, la sensación de trabajar en una redacción de GARA resultaba agradablemente extraña. Por un lado, estaba el seguimiento de la huelga -que los redactores y el personal del periódico habían hecho el día anterior para que el propio día de la movilización no hubiese diario- y, por otro lado, las positivas noticias que desde Bruselas enviaba Josu Juaristi, presente en la conferencia «Aiete Conference, a road-map for peace in the Basque Country?». Toda la fuerza del nuevo tiempo aparecía reflejada en una sociedad políticamente tan despierta como en sus mejores tiempos y en la relevancia de situar en la agenda internacional, siquiera en uno de sus peldaños más humildes, la cuestión vasca.

Esa sensación se tornó en otra más reconocible a media tarde, al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denominada «doctrina Parot». A los nervios de lograr cerrar la información se unió la necesidad de contextualizar su alcance. Esa resolución supone la legalización de la cadena perpetua sin revisión y, para colmo, de manera retroactiva. Todo ello en el estado europeo donde las penas de cárcel son más duras, si bien es evidente que no todos los sectores de la sociedad española sufren con el mismo rigor esa realidad, ni todos los delitos son igualmente castigados -un día más tarde llegaría la amnistía fiscal decretada por el Gobierno español-, ni la condena es independiente de la motivación o el origen de quien comete un mismo delito -es sabido que el valor del mobiliario urbano no es el mismo en todo el territorio estatal-. Todo ello en un momento en el que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo tiempo político que resulta tan esperanzador para una gran mayoría de vascos como agobiante para la clase política española. Más allá de la vertiente jurídica, es importante atender a la dimensión emocional de esta maniobra y hacer una lectura política de la misma.

Una pica desde Flandes

Paradójicamente, mientras los jueces españoles deliberaban en Madrid dar otra vuelta de tuerca a la situación de los presos políticos vascos, socavando a su vez varios de los principios básicos del Estado de Derecho -que un cambio de esta naturaleza corresponde al poder legislativo, que esos cambios no pueden ser retroactivos o que los derechos humanos marcan una tendencia contraria a la cadena perpetua, entre otros- en Bruselas una representación de europarlamentarios y representantes de la Conferencia de Aiete daban un nuevo impulso a dicha Declaración, exponiendo los principios básicos de todo proceso como el que vive Euskal Herria: que «la paz es un proceso, no un acontecimiento», lo que obliga a no dejar de alimentarlo, que «sin compromisos por parte de todos no se puede avanzar» y que para eso «es fundamental abrir un diálogo incluyente».

Jonathan Powell, que ejerció de ponente en Bruselas, recordó la importancia de las víctimas. En la cuestión de los presos, subrayó que «no se les puede dejar en el limbo, hace falta un mecanismo para resolver esta cuestión» -aún no era pública la sentencia sobre la cadena perpetua para presos vascos-. Powell agregó que si no se responde a estas necesidades la solución no puede ser duradera. También reseño la importancia de la implicación internacional, lo que en el caso vasco afecta necesariamente, de una u otra manera, a la Unión Europea. Fue a su vez muy explícito sobre la necesidad de que el proceso se dé de manera ordenada y, en referencia a ETA y dirigiéndose al Gobierno español, afirmó: «Si quieren la disolución, si quieren avanzar, deben implicarse, comprometerse y dialogar». Blanco y en botella.

Parar el momento con una política de rehenes

No existe consolación fácil para quien ve cómo su pareja, su padre o su hija son injustamente condenados por segunda vez a una pena que además se da en condiciones de vida particularmente crueles. De igual modo que la alegría de ver a un compañero libre no amortigua la angustia, el dolor, la impotencia de quien se sabe reo. En un primer momento, da igual que sea por venganza, necedad, cobardía o cálculo político.

Pero lo cierto es que políticamente no es lo mismo. La hoja de ruta de Aiete tiene plena vigencia y el intento por sabotearla no le sale gratis a Madrid, ni en Euskal Herria ni en el contexto europeo. Ahora bien, el precio que haya de pagar dependerá sobre todo de la voluntad y de la fuerza que muestre la sociedad vasca. De eso y de una estrategia a corto, medio y largo plazo. A corto y medio, Madrid sigue acumulando rehenes. Lo cual, aunque parezca extraño, refuerza la idea de que, antes o después, deberá negociar -tal y como señalan el propio Powell o George Howarth, diputado laborista a quien hoy entrevista GARA-. Desde esa perspectiva, tanto política como, por así decirlo, emocional, lo importante es que no consigan pudrir el momento, parar el impulso o romper la invisible pero patente barrera que preserva a esta sociedad de su insana intervención institucional y cultural. Por muy suyos que nos crean, este país les resulta ajeno, extraño en el buen sentido de esa palabra.