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Las capitales vascas y Barakaldo concentran la mayor parte de los 7.923 desahucios desde 2008
Un total de 7.923 personas de Hego Euskal Herria han perdido ya sus viviendas como consecuencia de no poder hacer frente a los créditos o al arrendamiento desde 2008. Por partidos judiciales, Bilbo, Iruñea, Gasteiz y Barakaldo concentran el 60% de esos desahucios irreversibles derivados de la crisis económica existente.
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Juanjo BASTERRA
La radiografía de los desahucios muestra que son Bilbo, Gasteiz, Iruñea y Barakaldo las zonas geográficas de Hego Euskal Herria donde más se despoja de forma definitiva de las viviendas a quienes no pueden hacer frente a los préstamos hipotecarios por la crisis económica, según los datos aportados a GARA por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En 2011, en Hego Euskal Herria se despojó de sus viviendas a 2.578 personas, pero desde 2008, cuando comenzó la crisis económica, suman ya 7.923 personas las que se han quedado sin vivienda, mientras que a otras 1,788 personas en 2011 se les inició procedimientos de ejecución hipotecaria.
Así, por partidos judiciales, se ve que en Donostia se produjeron 119 pérdidas definitivas de viviendas en 2011, aunque se iniciaron otros 207 procedimientos de desahucios. En Bilbo, sin embargo, sumaron 454 las personas que perdieron su vivienda, mientras que otras 268 se encuentran en procesos de ejecución. En Gasteiz, 314 familias se quedaron sin su piso o vivienda habitual y otras 221 entraron en el proceso de desahucios, ya que en su mayoría terminan con la pérdida del piso. En Iruñea, teniendo en cuenta el conjunto de Nafarroa, llegaron a 336 los desahucios irreversibles, mientras que las ejecuciones hipotecarias iniciadas afectaron a 614 personas.
Solo en el partido judicial de Barakaldo, el año pasado 296 personas perdieron sus posesiones inmobiliarias y se iniciaron 142 ejecuciones hipotecarias, más que en la capital de Gipuzkoa y que el resto de partidos judiciales. Ezkerraldea está sufriendo más con la crisis económica actual.
Crecen los desahucios definitivos
Si se tiene en cuenta las pérdidas definitivas de la vivienda, denominadas «lanzamientos» en el argot judicial, y las ejecuciones hipotecarias tramitadas, se comprueba que en Bilbo se incrementaron el año pasado en relación a 2010 en un 28%; en Gasteiz crecieron un 36,8%, mientras que en Iruñea cayeron un 2,5% y en Donostia se redujeron en un 24,6%. En Barakaldo, aumentaron los procesos de desahucios en un 24,1%; en Durango, en un 88,57% más; en Azpeita, un 68% más; En Bergara, un 61,4% más; y en Eibar, un 56,5% más,
La crisis económica en la que estamos inmersos y sobre la que no se ve el final del túnel está despojando a muchas personas de sus viviendas de forma definitiva. No pueden hacer frente a los pagos de los préstamos o de las cuotas de los arrendamientos y, tras un proceso judicial, se quedan sin techo que les acoja. Sólo se logran acuerdos puntuales con determinados bancos, pero no existe una solución conjunta desde las entidades financieras, mientras que las medidas que se adoptaron por el Gobierno español para hacer frente a los desahucios resultan «insuficientes» para solucionar el problema en suelo vasco.
En conjunto, en Hego Euskal Herria siete personas al día perdieron su vivienda de forma definitiva el año pasado, es decir 2.578 personas, un 11,7% más que un año antes. Desde que comenzó la crisis en 2008, un total de 7.923 personas han perdido su vivienda de forma definitiva. mientras que en 2011 se iniciaron 1.788 ejecuciones hipotecarias en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, algo menos que un año antes.
Asamblea de afectados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó los datos cerrados de 2011 del Estado español sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales. Son contundentes 58.241 personas, un 21,8% más respecto a 2010, perdieron sus viviendas de forma definitiva y se iniciaron 77.854 ejecuciones hipotecarias, un 16,9% menos que en 2010, contra otras tantas personas, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.
En Iruñea se celebró ayer una asamblea de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y de Stop Desahucios en la que se llegó a la conclusión de que hay «una creciente conculcación de derechos» en materia de vivienda. Insistieron en que desde 1994 distintos organismos llamaron la atención de que el Estado español «era el que más construía viviendaS, el que más viviendas tenía y el que menos viviendas asequibles ponía a disposición de la población».
En la capital navarra se concentraron personas afectadas, integrantes de esas plataformas, llegadas de Madrid, Valencia, Iruñea, Tutera, Berriozar, Antsoain, Altsasu, Logroño, Donostia, Terrasa y Zaragoza.
En el encuentro denunciaron «la falsedad del decreto del ministro español Luis de Guindos en relación a la dación en pago y sus posibles aplicaciones», pero también criticaron la «inacción» por parte de los legisladores en materia hipotecaria y de servicios sociales y su transposición a Nafarroa del decreto de Madrid, aunque en Iruñea anunciaron que se van a presentar en breve mociones en el Parlamento foral para evitar que se ponga en marcha.
Otra necesidad de primer orden, a juicio de la asamblea realizada, es el cambio de la legislación «para impulsar el alquiler social» y «la revisión de los posibles fraudes hipotecarios, por parte de los agentes que tuvieron participación en el otorgamiento de dichos créditos».
En asamblea de BBK de hace diez días, un grupo de 36 compromisarios de la izquierda abertzale, PSE, Ezker Batua intentó poner freno a los desahucios, pero sus máximos responsables, a los que se unieron los de Kutxa y Vital, decidieron no paralizar las ejecuciones hipotecarias y, sin embargo, apostaron por crear un Fondo de Desahucios, que saldrá de los fondos de la Obra Social.
Kutxabank se acogió al decreto del Gobierno español nada más salir a la luz. A juicio de los diferentes afectados, el decreto de Madrid «no nos afecta, porque aspirábamos a que la cuantía fuera de 360.000 euros, porque Madrid lo rebaja a 200.000 euros. Nos deja fuera. Pero las cajas vascas no han accedido a nuestra petición para tapar su gestión de la burbuja inmobiliaria y no repercutir ésta en sus balances», según denunciaron los miembros de Stop Desahucios de Bizkaia y Gipuzkoa, que vieron que sus esperanzas se esfumaron, en las asambleas de las cajas hace diez días.
Irun y Durango
El reparto geográfico del resto de los partidos judiciales muestra que a la cabeza está Irun, con 87 lanzamientos, «que son los actos mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un bien inmueble». En sí supone la pérdida de la vivienda de forma permanente. A éstos hay que añadir otros 74 procedimientos iniciales de desahucio.
El año pasado en Durango 62 personas perdieron la vivienda de forma definitiva, mientras que se iniciaron 70 ejecuciones hipotecarias. El partido judicial de Getxo registró otras 43 pérdidas directas de vivienda y en otros 42 casos se ha iniciado el proceso. En Eibar, 36 habitantes se quedaron sin vivienda, mientras que a otros 18 se les inició el proceso de desahucio.
En el partido judicial de Balmaseda, 33 propietarios no pudieron pagar las viviendas y fueron despojados de las mismas, mientras que a otros 29 se les inició el proceso de ejecución hipotecaria. En el partido judicial de Bergara, otros 29 perdieron su casa de forma definitiva y se iniciaron otros tantos procesos de desahucios.
En Gernika sumaron 13 pérdidas de vivienda habitual y 35 ejecuciones hipotecarias. Ocho viviendas fueron despojadas de sus propietarios en Azpeitia, y se iniciaron 25 procedimientos de desahucio, según fuentes judiciales. Mientras que en Amurrio, fueron 7 pérdidas de propiedad de la vivienda y otras 16 ejecuciones hipotecarias en marcha.
Las diferentes asociaciones y plataformas de afectados reclaman que se paralicen los procesos de desahucios y se reintegre las viviendas a quienes los hayan sufrido.
Mientras se está a la espera de una resolución directa desde el Ejecutivo de Gasteiz, los afectados apoyaron las medidas que los 36 consejeros de BBK presentaron en su asamblea para «paralizar los procesos abiertos» y reclamaron el establecimiento de un período de carencia de 5 años como mínimo al objeto de establecer una negociación con las personas afectadas «para la búsqueda de soluciones, proporcionadas y adaptadas a su capacidad actual de pago, incluyendo medidas como la prolongación del plazo de amortización, la reducción de los tipos de interés». Entre otros elementos con los que estaban de acuerdo los afectados es la posibilidad de saldar la deuda con la dación en pago. J. B.
Siete al día
Los datos oficiales de los juzgados muestran que al día se producen siete desahucios definitivos, a los que hay que añadir los procesos que se inician.