El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, desveló ayer en el Congreso de los Diputados los detalles del nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal, en respuesta a una pregunta sobre la amnistía fiscal formulada por el coordinador general de IU, Cayo Lara, en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Ejecutivo avanzó que los que incumplan la prohibición de efectuar los pagos en efectivo a partir de los 2.500 euros se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago efectuado.

El Ejecutivo del PP ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones en el uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones, aunque no había precisado hasta ahora dónde se situaría el umbral (sí se habló en su momento de que éste podría ser de 1.000 euros para los autónomos).

Con esta medida se pretende impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas. El plan de lucha contra el fraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros pretende recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.

Rajoy defendió ante Cayo Lara la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el marco de la lucha contra el déficit público, señalando que se trata de una medida «extraordinaria y excepcional», solo válida para 2012, adoptada en una situación «dificilísima» y que ayudará a mejorar los ingresos del Estado.

De hecho, insistió en que se trata de una medida recomendada por organismos como la OCDE en situaciones complicadas y que ha sido utilizada ya en países como Alemania, Estados Unidos e Italia, país este último donde permitió recaudar 5.000 millones de euros en 2009 y 2010.

El presidente dijo además que en el Estado español ya se hicieron tres amnistías fiscales en el pasado (1977, 1984 y 1991) y que, a diferencia de entonces, cuando los defraudadores que afloraron activos no pagaron nada a Hacienda, en este caso pagarán entre el 8% y el 10%.