El portavoz de Salhaketa, César Manzanos, denunció ayer que los recortes impuestos por el Gobierno español repercutirán de manera negativa sobre las condiciones de vida de los 2.000 presos internos en las prisiones alavesas de Zaballa y Langraitz. Unos internos sociales «desarraigados» por la dispersión forzada a la que son sometidos.

En declaraciones a GARA, Manzanos criticó las medidas de austeridad adoptadas durante los últimos meses por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de paralizar la construcción de los nuevos Centros Inserción Social (CIS), previstos en Leioa y Gasteiz.

A este respecto, el portavoz de la agrupación de apoyo a presos lamentó la continuidad operativa de la vieja cárcel de Langraitz, que ha sido reconvertida en un centro de tercer grado por parte de las autoridades españolas. Tal como explicó, la nueva utilidad otorgada por Instituciones Penitenciarias al antiguo penal es un error, que no favorecerá la reinserción de los presos sociales.

Criticas al alcalde

En el mismo sentido, el responsable de Salhaketa cuestionó la actitud mostrada por el primer edil de de Iruña Oka, Javier Martínez (PSE), que hace unos meses prometió a sus vecinos que Langraitz sería cerrada y reconvertida en un nuevo centro turístico.

Sin embargo, la apertura de la nueva macrocárcel de Zaballa, inaugurada el pasado mes de septiembre bajo el nombre Centro Penitenciario Araba/Álava, no ha conllevado el esperado cierre. «El alcalde de Iruña Oka tiene una responsabilidad política en la continuidad de Langraitz», señaló el portavoz de la asociación.

Por último, Manzanos afirmó que, a su parecer, el alcalde de Iruña Oka, debería dejar su puesto al frente del Consistorio como respuesta a lo ocurrido. Según afirmó, Javier Martínez, que además es parlamentario en la Cámara de Gasteiz, debería dimitir como alcalde.