El próximo sábado es 5 de mayo, el quinto de los peldaños de la escalera sanferminera que prepara el camino para las fiestas de Iruñea, que comienzan con el chupinazo del 6 de julio. Tradicionalmente, los iruindarras celebran cenas el 1 de enero, el 2 de febrero y fechas sucesivas para convencerse de que falta menos para sanfermines.

En esta ocasión, el quinto peldaño de la escalera sanferminera tiene un significado especial, ya que Eleak ha convocado un chupinazo popular en la Plaza del Ayuntamiento de Iruñea, a las 12.00, como muestra de apoyo a los trece jóvenes que están imputados por los incidentes que se registraron en el comienzo de las fiestas de San Fermín de 2010.

Ese año, la entonces alcaldesa, Yolanda Barcina, trató de blindar la Plaza del Ayuntamiento para evitar que los asistentes al chupinazo mostrasen ikurriñas. Para ello, la Policía Municipal formó un cordón en los accesos a la Plaza, impidiendo el paso a quienes llevaban la bandera vasca. Un grupo de jóvenes trató de acceder a la Plaza y la Policía Municipal intentó impedirles el paso cargando en unas calles abarrotadas de gente. En el encontranazo, una botella impactó en la cabeza de un joven madrileño ajeno a los hechos, provocándole heridas de gravedad.

En la misma causa fueron absueltos tres menores de edad. Ahora serán juzgados los mayores de edad, para quienes la Fiscalía pide dos años y tres meses de prisión, mientras que para el acusado de ser el autor material del lanzamiento de la botella solicita una pena de cinco años y tres meses de prisión. La acusación particular va más allá y pide once años de prisión para doce imputados y 17 años para el acusado de lanzar la botella, junto a 350.000 euros de indemnización.

«Queremos animar a todo el mundo a participar para denunciar este acoso contra la cultura vasca y contra todo lo vaya en contra de lo que dice UPN. Mediante ese chupinazo queremos hacer visible la realidad de Iruñea y los símbolos que queremos tener presentes en la ciudad. Un día, en definitiva, para reivindicar nuestro pasado y nuestro futuro, además de fomentar un modelo de sanfermines participativo y popular y no el orientado a la gente que viene a dejarse su dinero. Quieren una Plaza del Ayuntamiento uniforme, donde solo haya sumisión y no reivindicación. Es inadmisible que se actúe contra la ikurriña cuando todos vemos banderas de Brasil o Asturias sin ningún problema», señalaron los jóvenes imputados.

Los jóvenes imputados denunciaron a GARA que les han realizado pruebas de ADN y les han tomado numerosas huellas dactilares, así como de calzado. «Somos jóvenes de distintos barrios de Iruñerria y todos estamos comprometidos con el movimiento popular. Por ello, nos tememos que estén creando un archivo para tener controlados a los jóvenes», destacan, al tiempo que subrayan que las detenciones se produjeron siete meses después del chupinazo, cuando agentes de la Policía Municipal aparecieron en sus casas y lugares de estudio o trabajo.

Asimismo, los jóvenes acusados recuerdan que «desde el principio ha habido dos personas acusadas del mismo hecho, el lanzamiento de la botella. El mismo 6 de julio de 2010 se detiene a una persona a la que se le imputa el lanzamiento de la botella que hirió al joven madrileño. Sin embargo, cuando siete meses después se realizan las detenciones cambian la acusación y acusan a otra persona por el mismo hecho, dejando a la anterior sin imputación por el botellazo pero manteniéndole la acusación de desórdenes públicos y atentado a la autoridad».

«Todo ello, cuando el jefe de la intervención municipal sigue manteniendo que fue el primer imputado quien lanzó la botella. Esto demuestra que les da igual quien haya sido o haya dejado de ser y que lo único que buscan es criminalizar a los sectores populares que sacan la ikurriña, sin tener en cuenta el daño personal que están causando», explican.