Las Juntas Generales de Araba han acordado presentar alegaciones contra el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que eximía al Ayuntamiento de Gasteiz de presentar los presupuestos de este año.

El pasado viernes, el TSJPV dio la razón en parte al Consistorio de la capital alavesa al estimar su recurso contra la norma foral que obligaba a la corporación a presentar las cuentas de este año, que están prorrogadas por decisión del alcalde, Javier Maroto (PP). El Ayuntamiento pedía la suspensión cautelar de dicha norma porque consideraba que invadía la autonomía municipal.

La Mesa de las Juntas Generales acordó ayer, con los votos a favor del PNV y el PSE, y la abstención del PP, Bildu y EB, encargar a los letrados de la Cámara las alegaciones que consideren oportunas al fallo del Tribunal Superior, que rechaza obligar a Maroto a presentar los presupuestos este año.

El TSJPV entendió que la norma aprobada por las Juntas afectaba de forma «exclusivamente individualizada» a Gasteiz, no al resto de poblaciones, y no vio que existiera «razón decisiva de urgencia» para que se tuviera que aplicar este año en Gasteiz y no desde el 1 de enero del 2013, como en todos los demás municipios.

Fuentes de las Juntas Generales precisaron a la agencia Efe que los letrados de la Cámara preparan ya esas alegaciones en las que piden al Tribunal que levante la suspensión cautelar de dicha norma.

El pleno de las Juntas Generales aprobó el pasado 16 de abril, con los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de Bildu y EB y la oposición del PP, la modificación de la norma foral de entidades locales que establece que los municipios alaveses de más de 100.000 habitantes están obligados a presentar ante los plenos municipales un proyecto de presupuestos.

Número de habitantes

Si bien la norma entraría en vigor a partir del año 2013 para todas las poblaciones de Araba, esta obligación sólo afectaría a Gasteiz, debido a que es la única localidad que supera dicha cifra de habitantes.

La modificación de esta norma fue impulsada por el PNV ante la decisión de Maroto de prorrogar este año, vía decreto, los presupuestos de 2011, con el argumento de que no se podían elaborar unas cuentas nuevas debido a la caída de los ingresos que la Diputación destina a los municipios a través del Fondo de Financiación a la Entidades Locales (FOFEL).