La Comisión Internacional de Verificación (CIV) ha mantenido en los últimos días encuentros con agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria, a quienes ha hecho llegar información directa sobre la disposición absoluta por parte de ETA de entablar un diálogo sobre las cuestiones que permitirían transitar del actual escenario a otro de soluciones definitivas. Un mensaje de gran calado, al que se suma la constatación de que la organización clandestina vasca está cumpliendo todos los compromisos adquiridos con el final de su actividad armada, y que pone de manifiesto su voluntad de cerrar el capítulo de confrontación violenta en este país.

La declaración del CIV pone negro sobre blanco la posición de los diferentes agentes y, con ello, vuelve a mostrar la necesidad de que ETA y los gobiernos español y francés dialoguen para solventar todas las cuestiones que les atañen. Porque, frente a la reiterada disposición a hablar por parte de la organización armada, resulta inexplicable la cerrazón mostrada en este tiempo por el Ejecutivo español, aferrado al mantra de la «disolución» e incapaz de explicar cómo pretende dar solución a temas como el desarme y desmantelamiento de las estructuras militares si no tiene interlocutor para hacerlo. Los expertos internacionales pidieron flexibilidad para abordar todas estas cuestiones, flexibilidad que también está dispuesta a asumir ETA, y que, si realmente existiera voluntad en todas las partes, sería el primer paso para superar los obstáculos.

Simultáneamente, el Colectivo de Presos Políticos Vascos anuncia que está dispuesto a dar pasos si el Estado abandona la línea de presión y chantaje que ha mantenido hasta ahora y que se ha mostrado baldía, como él mismo ha reconocido. Frente a esa apuesta evidente por la solución, contrastada internacionalmente, el Ejecutivo español debe decidir si insiste en intentar atrasar lo inevitable o empieza a dar pasos en la única dirección posible.