«Después de la ilegalización, ETA está ausente de referente político institucional. Pero siempre ha mostrado mucho interés en tener un soporte en las elecciones». A grandes rasgos, esta es la tesis fundamental que intentaron sostener los cuatro guardias civiles que ayer declararon en la Audiencia Nacional española. Tocaba vincular el «todo es ETA» con Askatasuna, ya que desgranaron el informe elaborado sobre esta formación. El lunes será el turno para D3M, con los mismos protagonistas y, previsiblemente, unos argumentos idénticos.

Si la sesión del jueves sirvió para constatar que lo único que probaban los seguimientos policiales era la actividad política de los trece imputados, la de ayer constituyó una sesión mucho más difusa. Los peritos-policías no ofrecieron datos y sí mucha interpretación. El único hecho que presentaron como prueba para vincular Askatasuna con Batasuna (que por la teoría de sucesión lo ligaría directamente a ETA) es una declaración de Jokin Aranalde, que encabezó la lista por Gipuzkoa en 2001. Según esta versión, en 2002 habría reconocido que el objetivo de Askatasuna era eludir la ilegalización. Unas declaraciones hechas cuando se encontraba incomunicado en manos de la Guardia Civil, tras lo cual denunció graves torturas.

Aranalde fue cabeza de la candidatura en unos comicios en los que registraron 600 votos. Posteriormente, no volvieron a presentarse hasta su intento frustrado de 2009. El instituto armado presentó entonces estas declaraciones como prueba para que el Supremo ilegalizase Askatasuna. Sin embargo, los magistrados que determinaron el veto llegaron a poner estas afirmaciones en boca de Arnaldo Otegi.

Sin actuaciones en siete años

Resulta significativo que, a pesar de disponer de esta información que vinculaba supuestamente a Askatasuna con Batasu- na, nadie actuó contra esta primera formación en siete largos años. Una circunstancia irrelevante para los «peritos», que, según dijeron ayer, ya habían incluido al partido ilegalizado en 2009 dentro del mismo saco que Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna. Para ello, recurren a la ya citada declaración de Aranalde, actualmente en el exilio y que entonces denunció haber sido torturado. A ella le suman consideraciones como la «voluntad de Batasuna de estar presente» en los comicios y «cerrar el ciclo de ilegalizaciones» o el apoyo de miembros de Askatasuna a otras listas abertzales.

La presencia de personas que hubiesen tomado parte en candidaturas de partidos que en su momento fueron legales, como HB, se convirtió automáticamente en un elemento «subjetivo» para valorar la continuidad. Este es uno de los argumentos esgrimidos ayer por los cuatro miembros de la Guardia Civil, que repitieron insistentemente los porcentajes de miembros de Askatasuna que habían formado parte de otras listas o que posteriormente avalaron diferentes planchas abertzales. Haber firmado avales para D3M o tener nexos con otras formaciones entonces legales como EHAK se convirtieron ayer en prueba de cargo para vincular el partido abertzale con ETA.

Interpretación

La interpretación es la clave para comprender el papel de los peritos de la Guardia Civil. En teoría se presentan como expertos, pero son quienes elaboraron los informes ad hoc que sirvieron de base para que el Supremo vetase las candidaturas, tanto de D3M como de Askatasuna. En la práctica, lo que aportaron ayer los agentes -identificados como S22535M, L75806P, J11557P y C15223L- fueron interpretaciones sobre documentación tan variada como números del ``Zutabe'', publicaciones de la izquierda abertzale, documentos internos de Batasuna o entrevistas publicadas en GARA. En principio, su objetivo sería determinar si existe o no sucesión de Batasuna, ya declarada ilegal, en formaciones como Askatasuna. Pero en la práctica, con la decisión política ya tomada, su labor se centra en cargarla de argumentos.

«ETA siempre se ha considerado una organización política», consideró uno de los guardias civiles. Una obviedad que le lleva a decir que «o bien ha intentado intervenir en las elecciones o ha asumido los votos como suyos». En este sentido, los guardias civiles defendieron la tesis de la «complementariedad» de las luchas que, a su juicio, se evidencia cuando ETA aplaude logros electorales. Para ello, los peritos vinculan opiniones expresadas por la organización armada con ideas desarrolladas por diversas formaciones políticas hasta llegar a la conclusión de que todos forman parte del «mismo conglomerado»

Según esta tesis, la estrategia conjunta varía a partir de las ilegalizaciones, cuando entra en juego lo que los peritos denominan «estrategia dual», que se plasma en la lógica de «listas blancas» y «listas contaminadas». Todo ello bajo las órdenes de la organización armada, que según las declaraciones de los guardias civiles habría escrito literalmente que era necesario «neutralizar la creación de una izquierda abertzale sin ETA».

Plataformas populares

Tal y como ocurrió durante la primera jornada del juicio, ayer quedó en evidencia que las plataformas populares constituyen una de las obsesiones para la Guardia Civil. Tanto Herria Aurrera como Gasteiz Izan siguen siendo legales y están registradas en el Ayuntamiento. Sin embargo, para los agentes policiales, después de que el Supremo vetase su presentación a las elecciones estas «se constituyeron en asociaciones y siguieron dando cobertura a actividades de Batasuna».

De este modo, sin aportar prueba alguna que sustente las tesis de la Fiscalía, concluyó la segunda jornada del juicio. El lunes, a las 10.00 horas, tendrá su continuación con el análisis elaborado sobre D3M.