La nacionalización de Bankia, solicitada por el nuevo presidente de la entidad financiera y aprobada por el Gobierno español, deja definitivamente en evidencia, y en ridículo, a quienes desde el comienzo de la crisis alardeaban de la estupenda «salud» de la Banca española. Al margen del nulo control y la opacidad en torno a la gestión de la entidad y de las posibles responsabilidades que deberían ser depuradas en este caso, no puede pasar por alto el hecho de que un sistema, el neoliberal, basado en la especulación y que por principio rechaza toda regulación, toda intervención estatal, cuando se encuentra en dificultades, provocadas por su propia voracidad, no solo acepta esa intervención, sino que la exige. Resulta sangrante que quienes reniegan de lo público hayan de ser «rescatados» con el dinero de los ciudadanos a quienes ellos arrastran a una creciente precariedad.

La contradicción, insultante y brutal por sus consecuencias, es asumida por un gobierno solo coherente con su servilismo al credo neoliberal. Un gobierno que impulsa la privatización de los bienes públicos y nacionaliza un banco en quiebra para sanearlo a costa del erario mientras recorta servicios públicos. Un gobierno cuya principal misión es gestionar para procurar el máximo bienestar de los ciudadanos pero cuya práctica es exactamente la contraria a una política al servicio de esos ciudadanos.