La situación de los presos palestinos en huelga de hambre es cada día más crítica. Según algunas fuentes, son cerca de 2.000 los presos que se han sumado a esta protesta masiva que comenzó el 17 de abril para exigir el fin de la llamada «detención administrativa», del aislamiento y de las prohibiciones para recibir visitas de familiares. Algunos de estos presos, como es el caso de Thaer Halahla -que a sus 33 años ha sufrido ocho «detenciones administrativas»- y Bilal Diab, que llevan más de 70 días en huelga de hambre. El lunes, el Tribunal Supremo israelí denegó su puesta en libertad, aunque recomendó a las autoridades penitenciarias su excarcelación por motivos médicos.

Ayer, 500 presos militantes de Al Fatah anunciaron su intención de no beber líquidos ni recibir asistencia sanitaria hasta que Israel atienda a sus demandas. Asimismo, urgieron a la comunidad internacional a intervenir para salvar la vida de los presos en huelga.

El martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió de que al menos seis huelguistas estaban en «riesgo inminente de morir», por lo que pidió su inmediato traslado a «un hospital adecuado donde puedan recibir atención médica especializada». Exigió también que se les permita recibir la visita de sus allegados porque «en circunstancias tan extremas, hacer posible el contacto con los miembros de la familia se convierte en un imperativo humanitario».

A punto de cumplirse un mes del inicio de la protesta, Israel ha tratado de condicionarla con presiones y vagos ofrecimientos, como el que hicieron a Hana Shalabi, que, tras 43 días de ayuno, fue deportada a Gaza, lejos de su familia, que vive en Cisjordania.

Yousef Rizqa, asesor político del primer ministro de Gaza, Ismail Haniye, denunció el lunes que Israel está tratando de utilizar las diferentes militancias de los presos en huelga para provocar divisiones entre ellos. Remarcó que solo una respuesta de carácter global podrá poner fin a esta masiva huelga y que las salidas individuales afectarán negativamente a los presos.

El dirigente de Hamas Khalil al-Haya advirtió a Israel de que se reservan todas las opciones en caso de que de muera alguno de los huelguistas. La Yihad Islámica hizo otro tanto, amenazando con romper la tregua.

Hartos de la inoperancia de la comunidad internacional y ante la perspectiva de un fatal desenlace, decenas de palestinos bloquearon el miércoles los accesos de las oficinas de la ONU en Ramallah para denunciar «el silencio» del secretario general, Ban Ki-moon, y emplazarle a «adoptar una postura firme contra la violación de los derechos de los presos por parte de Isarel».

Ese mismo día, Ban exhortó a «todas las partes implicadas a alcanzar una solución» y pidió que los detenidos sean «imputados y sometidos a un juicio con garantías legales o bien excarcelados sin demora».