«Aspiramos a que la jueza Servini pida la extradición de los torturadores durante el franquismo». José Galante, que cumplió cuatro años de una pena de 13 en los estertores de la dictadura española, explicaba ayer de este modo los pormenores de su reciente visita a Argentina, donde testificó ante la magistrada María Servini de Cubría. La togada se ha hecho cargo de la querella presentada por al menos 60 víctimas del franquismo y recaba pruebas para iniciar el proceso. El objetivo: sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas. «No solo hablamos de los presos políticos, también de quienes perdieron a sus familiares en las cunetas, aquellos a los que les robaron a sus hijos o las víctimas de los trabajos forzados», sentenció Galante. Estaba previsto que la jueza se desplazase al Estado español en el mes de julio. Sin embargo, el importante volumen de sus investigaciones puede retrasar la visita hasta el mes de setiembre. Por el momento, los miembros de La Comuna, que agrupa a expresos durante el franquismo, ya trabaja con otras agrupaciones como Goldatu (represaliados vascos) en la elaboración de un itinerario que también incluirá Euskal Herria.

«Haremos públicos los nombres de los torturadores», señaló el represaliado, que explicó que todavía no han puesto en circulación los nombres porque «hay muchos más». Tras el portazo de los jueces españoles a investigar la causa contra el franquismo, las asociaciones de damnificados han puesto sus esperanzas en Argentina. Allí, el 23 de abril presentaron una querella colectiva en la que se incluyen, entre otros casos, las ejecuciones de Salvador Puig Antich y Humberto Baena o el Proceso de Burgos. Ante las requisitorias de la magistrada, los letrados que representan a las víctimas han presentado un listado con 120 policías relacionados con las torturas, así como nombres de magistrados del Tribunal de Orden Público, de los miembros del Consejo de Guerra y Militar y de los miembros del último Gobierno de Franco. «Algunos están muertos, pero muchos otros siguen vivos», advierten.

Justicia universal

Mientras se concreta la visita de Servini, los miembros de La Comuna y de otras organizaciones plantean cómo abrir la querella tanto a otras víctimas como a ciudadanos que apoyen un juicio contra el franquismo. Por el momento, un equipo de ocho abogados coordina, a caballo entre el Estado español y Argentina, las denuncias. «La voluntad es que se ejerza la justicia universal», explicó Ana Mesuti, una de las letradas, que confió en que Buenos Aires exija a Madrid que cumpla con el tratado de cooperación y extradite a los requeridos por la Justicia.

«No es un problema bilateral», aseguró, señalando que en un exhorto la magistrada Servini ya ha solicitado el nombre de los integrantes de los consejos de ministros que firmaron las penas de muerte.