El Pleno del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer, con el voto en contra del PNV y el apoyo del resto de partidos, el dictamen sobre los presuntos casos de corrupción y espionaje en Araba, un documento que atribuye responsabilidades políticas a varios excargos jeltzales imputados por el conocido como «caso De Miguel» y sus ramificaciones.

El texto alternativo que había presentado el PNV fue rechazado por el resto durante una sesión en la que se debatió el dictamen de la comisión de investigación sobre este asunto, que también está siendo investigado en los tribunales y por el que se encuentran imputadas una veintena de personas, entre ellas destacados exdirigentes del PNV como Alfredo de Miguel y Aitor Telleria.

El dictamen señala la existencia de responsabilidades políticas en varios de los antiguos cargos del Gobierno de Lakua y exdirigentes jeltzales. Se ha eliminado la referencia a la exconsejera de Industria Ana Agirre, que se había incluido en el texto provisional y sobre la que no pesa imputación alguna.

El informe analiza las cuatro ramas de este entramado. Una de ellas se refiere a los contratos presuntamente irregulares firmados en la anterior legislatura por el Departamento de Cultura con varias empresas de personas vinculadas al PNV.

En este punto, se indica que el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, «se sirvió de su cargo» para favorecer a ciertas empresas, sin que exista constancia de que se hayan llevado a cabo los servicios contratados. Otro de los imputados, el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, incurrió en «las principales responsabilidades políticas» por «falta de control».

Su militancia, nexo común

El dictamen cita a otros imputados como los ya citados De Miguel y Telleria y otros antiguos militantes jeltzales como Koldo Otxandiano e Iñaki San Juan, que habrían participado en esta presunta trama de contratos irregulares. Sobre ellos se indica que «no se puede obviar que tienen, como nexo común, su militancia en el PNV». Ello «permite suponer la existencia de tráfico de influencias».

Otro apartado se refiere a las irregularidades en contratos suscritos por el Parque Tecnológico de Araba. El informe indica que dichos contratos se hicieron «vulnerando los principios de publicidad y concurrencia».

Las responsabilidades políticas se atribuyen a Julián Sánchez Alegría (expresidente de la Red de Parques Tecnológicos), Alfredo Arriola (exdirector del Parque de Araba), Koldo Otxandiano (ex director financiero) y Miren Bilbao (directora técnica).

El conocido como «caso del espionaje» es otro de los apartados. Este asunto, por el que están imputados Telleria y dos ertzainas, se refiere a la supuesta vigilancia realizada sobre políticos y otras personalidades alavesas. El Parlamento considera que existen «indicios suficientes» de que los ertzainas transmitieron información a Telleria.

Otra de las líneas de investigación se refiere a una operación de adquisición de suelo en Santurtzi (Bizkaia), por la que está imputado el ex director general de la sociedad pública Spri, Antón Zubiaurre, acusado de malversación de fondo públicos.

La operación ascendió a 3,5 millones de euros y, según el informe, se realizó «sin base sólida», ocasionando una pérdida de 3,1 millones de la que Zubiaurre es «responsable directo».