La Comisión Europea comunicó ayer que estudiará si la toma de control de Bankia mediante la nacionalización de su matriz supone una ayuda del Estado que necesite la aprobación comunitaria. Si así fuera, el Estado español tendría que enviar a Bruselas un plan de reestructuración de la entidad.

La operación prevé la conversión en acciones de la ayuda que la entidad recibió en 2010 por parte del Estado y a la que Bruselas dio el visto bueno. La CE estudiará los detalles de la operación, primero mediante la verificación de las condiciones del canje, que equivale a una participación muy cercana al 100% de la matriz de Bankia. Al respecto, el portavoz comunitario de Competencia, Antonio Colombini, aclaró que la notificación a la CE de esta transformación ya estaba prevista en el marco de la decisión anterior que tomó la Comisión sobre la ayuda concedida a la entidad.

Al mismo tiempo, señaló que la CE puede aprobar ayudas públicas si son necesarias «para preservar la estabilidad financiera» siempre que en una etapa ulterior se envíe un plan de reestructuración de la entidad.

Aunque Bruselas prevé analizar si existe ayuda del Estado en la nacionalización de Bankia, defendió al Gobierno español y aseguró que las relaciones entre ambas instituciones son fluidas. No obstante, Colombino no quiso precisar si la CE ha pedido a España una auditoría independiente del sector financiero español por una posible desconfianza hacia las evaluaciones del Banco de España. Lo que sí dijo el portavoz de la CE es que no existe «malestar» en Bruselas por la actuación del Banco de España en el sector financiero.

Aprobaciones y críticas

Desde Euskal Herria, el presidente de la patronal, Confebask, Miguel Ángel Lujua, consideró positiva la nacionalización de Bankia y agregó que la toma de posición del Gobierno español respecto a esta entidad era «necesaria». Aunque reconoció que en un primer momento la medida le soprendió, señaló que aporta «seguridad y estabilidad» al mercado financiero español.

Lujua también se refirió al Consejo de Ministros que se celebrará hoy en Madrid y apuntó que se deberán tomar medidas «urgentes» para que el Estado español disponga de una banca «saneada y estable» que permita que «fluya dinero en la economía real».

Amaiur, por su parte, calificó la nacionalización de Bankia de «fraude» y afirmó que «una vez más se utilizará el dinero público para sanear la situación de un banco en quiebra y, una vez conseguido lo anterior, volver a ponerla en manos privadas para su explotación posterior».

Así, opinó que si con todo el dinero público invertido en este proceso se hubiera optado por la creación de una «auténtica banca pública» en la actualidad se podría contar con una muy buena herramienta financiera para actuar con criterios sociales y de creación de empleo en la grave situación económica y social existente. La coalición criticó la «irresponsable actuación de los directivos y consejeros de bancas y cajas en la política del pelotazo y del cemento» que ha sido desencadenante de la actual crisis. Asimismo, consideró una «vergüenza» los millones que directivos bancarios ganan en sueldos e indemnizaciones.

Por todo ello pidió una auditoría pública de los fondos de los bancos, especialmente de las cajas integradas en Bankia, y reiteró su apuesta por la creación de una banca pública vasca de carácter social, para lo que defendió la soberanía económica y política de Euskal Herria.