Bolivia lleva siete semanas de conflictos laborales y sociales, con huelgas y manifestaciones que se suceden casi a diario y a menudo terminan en violencia. La Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país andino, acaba de finalizar tres días de huelga general. Su líder, Juan Carlos Trujillo, ha amenazado con radicalizar la protestas si el Gobierno de Evo Morales no responde «favorablemente» a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8%, aprobado por el Ejecutivo, y la derogación del decreto que aumenta la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.

El lunes y el martes, los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz, la vecina ciudad de El Alto y en menor medida otras poblaciones en contra de una nueva ley de tráfico que, entre otras cuestiones, prevé una ordenación de la circulación y el uso obligatorio del cinturón de seguridad.

El viernes, el presidente preguntó en alusión a la COB «cómo una organización sindical, revolucionaria, que lleva al Che en su pancarta, puede defender a un grupo de privilegiados».

Con respecto al proceso de cambio emprendido por su Gobierno y criticado por la oposición, remarcó que lo contrario sería «volver al neoliberalismo».

Desde el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), su portavoz en la Cámara de los Diputados, Roberto Rojas, advirtió sobre un presunto intento de golpe de Estado orquestado por partidos de la oposición, entre los que citó directamente al Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN).

Afirmó que la novena marcha convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) contra la construcción de una carretera que atravesaría una reserva natural, así como la huelga de la COB y la de los trabajadores sanitarios, son parte de «una conspiración» organizada por ambos partidos.

A modo de prueba recordó que la diputada del MSM Marcela Revollo admitió que su partido está financiando la movilización convocada por la Cidob.

Por su parte, la oficina de la ONU en Bolivia expresó su preocupación por el cariz que está tomando la situación.

La protesta impulsada durante «más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y (...) agrava las persistentes fallas estructurales del sistema», resaltó en un comunicado.