El miércoles, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presidirá en la sede del Ejecutivo brasileño la inauguración formal de la Comisión de la Verdad, encargada de investigar en el plazo de 31 meses los crímenes cometidos durante el último régimen militar (1964-85) pero sin capacidad para llevar ante la justicia a ningún represor.

Al acto están invitados todos los expresidentes desde el fin de la dictadura: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

La Comisión, compuesta por siete juristas nombrados expresamente por Rousseff -entre los que se encuentra la abogada y amiga íntima de Rousseff María Cardoso da Cunha- llega después de 25 años de bloqueos militares y de que el Tribunal Supremo declarase constitucional la amnistía decretada en 1979.

La presidenta ha dejado fuera de este organismo a expresos y familiares, una decisión que no comparten algunas de las víctimas y asociaciones.

«La mayoría de los miembros de esta comisión están formados en derecho, pero son personas poco conocedoras del tema. Nuestra expectativa era que la comisión estuviera más comprometida, con gente que tuviera muchos antecedentes para enfrentar un trabajo así en tan poco tiempo», declaró Iara Xavier, del Comité por la Verdad y la Memoria de Brasilia.

El magistrado Gilson Dipp, miembro de la Comisión, reiteró que «su único objetivo será recuperar la memoria, la verdad y la paz familiar para aquellos que vieron sus derechos violentados».

«Es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado, con el esclarecimiento de la verdad de graves violaciones de derechos humanos», añadió en declaraciones a los medios de comunicación.

Insistió en que su finalidad no es lograr que los autores sean castigados, sino revisar el pasado «de forma real y adecuada para establecer la verdad histórica».