La caída de Bankia es la caída de un ingenio diabólico que se creó para salvar a siete cajas mediante la distribución de «acciones basura» -pierden un 45% desde el estreno- entre inversores pequeños que no alcanzaban a ver la trastienda de la operación. Pero, como todo el mundo se temía -los inversores institucionales desconfiaban del invento-, ha fracasado sin cumplir un año en bolsa y sin viabilidad futura de no haberse llevado a cabo la nacionalización de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que posee en torno al 45% del capital, mientras que los particulares acumulan una gran parte de las acciones puestas a la venta a través de la oferta pública de julio de 2011.

El futuro de Bankia no es halagüeño, porque va a depender de una mejoría sostenible del crecimiento económico y la capacidad para atraer dinero nuevo con el que cubrir sus provisiones y exigencias en la calidad del capital. Su único punto fuerte de apoyo es ahora esa ayuda pública, que inicialmente se ha quedado en la capitalización del préstamo de 4.465 millones de euros entregado por el FROB a BFA en 2010.

Además, todavía deberá contarse con la aprobación de Bruselas, que exigirá un plan de reestructuración más fiable que el defendido hasta la fecha por el Gobierno.

Para asumir esta nueva estrategia de rescate, no se descartan adicionales inyecciones públicas de capital, que podrían correr en paralelo a la venta de activos y las desinversiones en empresas participadas, pese a su elevada depreciación.

Banco sistémico

Esta nacionalización de BFA-Bankia viene precedida de un rosario de pasos políticos espinosos, que tan solo se han permitido dar por su característica de banco sistémico, capaz de desestabilizar todo el sistema financiero del Estado español al ocupar el cuarto lugar en el ránking. Los activos conjuntos del grupo BFA-Bankia se estiman en 318.000 millones de euros.

Ni el Banco de España, ni el gobierno socialista, ni el gobierno del PP han tenido empacho alguno en correr en pos de su salvación sin pedir cuentas a nadie. No se las exigen ni a ellos mismos, supervisores y miembros de los consejos de las cajas quebradas, ni a ninguno de los gestores de estas entidades ya fusionadas. Todos se salvan la cara pese a haberlas expuesto al suicidio del «ladrillazo» y la insolvencia.

El mismo ministro de Economía, de Guindos, sostenía el viernes, en la presentación de la tercera reforma financiera, que «a fecha de hoy no se ha identificado ninguna responsabilidad». Aún así, hasta 8 entidades han tenido que ser intervenidas hasta ahora en este proceso de saneamiento financiero.

Ladrillo bajo la alfombra

El peso de los llamados activos inmobiliarios problemáticos, que se han ocultado bajo la alfombra del BFA, es descomunal y difícil de soportar. Por de pronto, tienen concedidos créditos al ladrillo por valor de 37.517 millones de euros, de los que unos 18.000 podrían perderse. Además, otros 11.500 están colocados en suelo. El conjunto del sistema financiero español tiene créditos inmobiliarios por valor de 320.000 millones de euros, de los que tan solo 140.000 millones de euros aparecen como viables.

El Gobierno pretende que todos los bancos traspasen, antes de que termine 2012, estos activos problemáticos a otras sociedades especializadas en su gestión. Su objetivo es hacerlos desaparecer progresivamente de la esfera del banco, pero en el caso de las entidades financieras ayudadas con dinero público deben hacerlo antes de tres años.

El intento de frenar el deterioro de las cuentas por la crisis inmobiliaria ha llevado al Gobierno a elevar del 7% al 30% las coberturas para el llamado «ladrillo sano», lo que podría colapsar a los bancos más dañados por su exposición al sector.

En Bruselas, sin embargo, no se fían y se pide validar las cifras manejadas para el conjunto de los bancos, antes de aceptar su saneamiento. Así las cosas, el Gobierno Rajoy ha dado un paso en esa dirección al anunciarse una valoración independiente de todas las carteras de créditos de los bancos, a fin de tener de una vez por todas una imagen fiel de la situación del sistema financiero.

También habría que saber si con el dinero empleado en rescatarle, todavía sin cuantificar en su totalidad, se seguirán pagando sueldos millonarios a los directivos, tal como sucedió en el año 2011. El año pasado, las cúpulas de BFA-Bankia se llevaron más de 10 millones de euros, mientras que Rodrigo Rato cobraba 2,3 millones de euros y se está a la espera de saber si renuncia a su indemnización de 1 millón de euros.

De momento, según el ministro de Economía, «esto no cuesta nada a los contribuyentes españoles». Sin embargo, resulta evidente que por ahora, la obra social de las cajas agrupadas en BFA-Bankia se han quedado ya sin aportaciones y los recortes sociales no dejan de crecer, mientras se rescatan entidades gestionadas durante años por aprovechados directivos con el visto bueno del Banco de España, tan dispuesto, por otro lado, a dar consejos para profundizar en la política de austeridad.