El 27 de setiembre del pasado año, cuatro activistas de Mugitu! estampaban varias tartas en el rostro de Yolanda Barcina durante un encuentro en la ciudad occitana de Tolosa, en protesta por el apoyo institucional y económico del Gobierno navarro a la construcción del tren de alta velocidad. Los miembros de Mugitu! no fueron detenidos ni identificados por las autoridades francesas en aquel momento y abandonaron el lugar sin ningún tipo de problemas, no sin antes explicar ante los medios los motivos de los tartazos.

Sin embargo, la Justicia española los ha procesado por un delito de «atentado contra la autoridad» y ha pedido penas de entre 4 y 10 años de cárcel por unos hechos que en el Estado francés constituyen un delito de faltas con su correspondiente multa. Por ello, Mugitu! denunció la «opacidad» de la Justicia francesa en este caso y su «inhibición» a la hora de juzgarles por los tartazos con la normativa francesa, dejando su caso en manos de la Audiencia Nacional española.

En respuesta, representantes de Mugitu! se concentraron ayer ante el Consulado francés en Bilbo para denunciar el «pasotismo» y la «irresponsabilidad» del Estado francés.

Ibon García, Mikel Álvarez y Julio Villanueva comparecieron ante la prensa vestidos de pasteleros para explicar la situación y anunciar la entrega de una carta, firmada por ellos, al cónsul francés en Bilbo, para que este se la haga llegar a François Hollande, que ayer mismo fue investido presidente de la República.

En la misiva, que entregaron personalmente en el Consulado, se pide al Gobierno de París que asuma «su responsabilidad», al haber «facilitado» que se produzca esta «persecución penal desorbitante» por unos hechos sucedidos en suelo francés.

«Se lavan las manos»

Los portavoces de Mugitu! dieron a conocer también que el Tribunal de Gran Instancia de Tolosa abrió un expediente sobre los hechos tras interponer una denuncia Martin Malvy, presidente del Consejo Regional de Midi-Pyrénées, que fue el anfitrión del comentado acto donde se produjeron los tartazos.

En ese sentido, recordaron que la Policía francesa interrogó a dos ciudadanos en relación con el caso el pasado 28 de noviembre. «Desde entonces nadie ha podido saber nada sobre aquellas diligencias», afirmaron los tres procesados, añadiendo que «tampoco hemos obtenido respuesta alguna al requerimiento trasladado al tribunal francés».

Por ello, denunciaron la «colaboración» francesa y el «lavado de manos» realizado al dejar el caso en manos de la Audiencia Nacional española, instancia que, tal como señaló el movimiento que reclama la paralización del TAV, es «heredero del Tribunal de Orden Público franquista».

«Nuestro caso evidencia que el Gobierno de Navarra quiere conseguir una sentencia vengativa y ejemplarizante para todos los que nos oponemos al TAV», concluyeron.