El Ayuntamiento de Astigarraga, gobernado por Bildu, decidió a finales de abril acudir a los tribunales con una «acción de regreso» para que el exalcalde Mikel Zabala -primero de EA y después de Hamaikabat- reembolse al municipio los 562.194 euros que éste tuvo que abonar en 2011 a la empresa Elgopebi en concepto de indemnización por un convenio suscrito por el propio Zabala en 1995.

La historia arranca hace 17 años, cuando en la recta final de la legislatura el entonces primer edil firmó, sin conocimiento del resto de la Corporación y sin los informes técnicos y jurídicos pertinentes, un acuerdo con Félix Elarre, representante de Elgopebi. El convenio «recortaba» la superficie de la empresa en casi 1.000 metros cuadrados -para alejarla del cauce del Urumea- y a cambio le ofrecía terreno en otra parcela.

Tras los comicios, en los que el alcalde salió reelegido, el asunto salió a la luz pública. En diciembre de 1995, el convenio llegó finalmente al Pleno, donde fue rechazado.

En los comicios de 1999 llegó a la Alcaldía Euskal Herritarrok (EH), que estimaba que el convenio firmado entre Zabala y Elarre era nulo y no comprometía al Consistorio, que nunca había dado su aprobación. La parcela que Zabala había ofertado como contraprestación ni siquiera pertenecía al Ayuntamiento, por lo que la empresa reclamó una indemnización económica.

Ante la falta de acuerdo, el asunto fue a los tribunales. En febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictaminaba que el convenio era nulo, tal y como estimaba el Ayuntamiento, pero le obligaba a abonar casi 70 millones de las antiguas pesetas (cerca de 416.000 euros). El Gobierno de EH decidió presentar recurso de casación.

Tras las elecciones de ese año, con la izquierda abertzale ilegalizada, retornó a la Alcaldía el partido de Zabala, Eusko Alkartasuna, en coalición con el PNV. Bixente Arrizabalaga -actual concejal de H1!- era el primer edil. En noviembre de 2006 se emitió una sentencia que desestimaba el recurso municipal.

Tanto el alcalde como algún miembro de la Corporación trataron de alcanzar un acuerdo con Félix Elarre, pero no fue posible y finalmente, en febrero de 2011, Astigarraga tuvo que pagar 562.194, la indemnización más los intereses.

«Venganza de fanáticos»

Ahora, ante el intento del actual Gobierno de recuperar ese dinero, Mikel Zabala ha emitido un comunicado en el que manifiesta que sus abogados «trabajan en estos momentos para detener este atropello y muy probablemente esta acción inquisitorial tendrá repercusiones judiciales». El antiguo alcalde reconoce que ratificó el convenio sin contar con la luz verde del Pleno y que «probablemente» se equivocó en ese punto, pero defiende que «la decisión era necesaria y justa, tal y como han reconocido los tribunales, que señalan que hubo un error de forma, pero no de fondo».

Zabala habla de «un grupo de fanáticos usa los recursos públicos para vengarse de los que no opinan como ellos» y critica al Gobierno de EH, presidido por Eli Laburu, por no pagar la indemnización.

«El empeño de la izquierda abertzale de recurrir una tras otra las sentencias que establecían algo tan lógico como que si una administración priva a alguien de un derecho le tiene que compensar, es lo que ha llevado a la empresa a reclamar que, en lugar de darle ese espacio que se le había quitado en otro lugar, se le pague en metálico», explica.

Ante estas acusaciones, el Consistorio recuerda que todos los jueces han considerado como nulo un convenio que obliga a pagar por algo que se debía recibir gratuitamente», apunta que EH rechazó cumplir un acuerdo que no había sido aprobado por el Ayuntamiento y se pregunta por qué el resto de corporaciones tampoco abonó antes la indemnización.