El Gobierno de Patxi López está participando en dos iniciativas relacionadas con «la memoria». Una es la creación junto con el Ejecutivo de Madrid del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, previsto en la Ley Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que avanza con paso firme. La segunda, un Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos que tiene una visión más amplia y contempla conculcaciones de derechos desde la «guerra civil» hasta la actualidad.

Madrid y Lakua acordaron ayer la constitución de un Real Patronato, adscrito al Ministerio del Interior, que se encargará de dirigir y gestionar el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Según informa Europa Press, la presidencia de honor del centro la ocupará, Juan Carlos de Borbón, la presidencia correrá a cargo del líder del Gobierno español y la vicepresidencia, del lehendakari.

La decisión de crear un Real Patronato se adoptó en un encuentro celebrado en Bilbo y al que acudieron en representación del Gobierno español la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, y el parlamentario del PP vasco Carlos Olazabal. Por parte de Lakua estuvieron presentes Nélida Santos, viceconsejera de Administración y Servicios de la Consejería de Interior; Maixabel Lasa, directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, y el comisionado del Gobierno autonómico para la Convivencia y la Memoria, Jesús Loza.

El Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo será un Real Patronato, que se creará mediante un Real Decreto de Consejo de Ministros, y que pretende dar la adecuada relevancia institucional a un centro en memoria de las víctimas. Estará adscrito al Ministerio del Interior y en su composición será mayoritaria la representación del Estado.

Sus funciones serán, principalmente, las de preservar la memoria colectiva de «las víctimas del terrorismo» como referencia ética de la sociedad y promover entre las generaciones presentes y futuras los valores de libertad, convivencia y respeto de los derechos fundamentales que encarnan las víctimas del terrorismo. Otros de sus objetivos serán fomentar la participación ciudadana en las actividades de preservación de esa memoria colectiva y la difusión de los valores que las «víctimas del terrorismo» simbolizan.

El Instituto de la Memoria

Mientras que la creación del Centro Memorial avanza, ayer se presentó en el Parlamento una proposición de ley para la creación del Instituto de la Memoria, Covivencia y Derechos Humanos apoyada por PNV, PSE, Ezker Anitza-IU y los parlamentarios Aintzane Ezenarro, Oxel Erostarbe y Mikel Basabe. El órgano dependería del Gobierno de Lakua, tendría representación de otras instituciones, y su función sería la de coordinar las políticas públicas que hagan referencia a las víctimas de la guerra de 1936, la dictadura franquista, ETA y «otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política».

La iniciativa debe ser ahora registrada por la Mesa de la Cámara, remitida al Gobierno para que exprese su opinión al respecto, aceptada luego por el pleno y tramitada después en comisión y ponencia.

Pese a que los impulsores de la proposición de ley tienen garantizada la mayoría para su aprobación, no parece fácil que puedan cumplirse todos los trámites antes de finalizar el mes de junio, como anunció el lehendakari. Tampoco está garantizado el que Parlamento retome su actividad legislativa después del verano. Todo esto puede conllevar que el Instituto no se cree realmente hasta la próxima legislatura.

Los impulsores de la iniciativa consideran que es un buen proyecto que permite mirar hacia adelante sin olvidar el pasado.

La proposición de ley no cuenta con el apoyo del PP, ni tampoco del único parlamentario de UPD, que lo contempla como un intento de «diluir la violencia de ETA».

Aralar, que la pasada semana acusó a Aintzane Ezenarro de negociar en su nombre y a espaldas del partido, hizo pública ayer una nota en la que señala que considera precipitada la presentación de la propuesta. Entiende Aralar que un paso de estas características debe partir de un consenso básico entre todos los partidos, y recuerda que alguno todavía no está en las instituciones.

EA considera que la iniciativa «nace viciada porque ha sido pactada en privado, buscando protagonismos innecesarios y sin dar opciones a acuerdos más amplios».