En sus conclusiones, presentadas ayer en la Audiencia, el fiscal Javier Larraya solicitó para José María Bravo, exdirector de la agencia tributaria de Irun, una pena de 24 años y 3 meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa cometida por funcionario, prevaricación, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, así como una multa de 1,9 millones de euros.

Para su esposa, Rosa Cobos, pidió la pena de 6 años y 3 meses de cárcel (4 años menos que al inicio de juicio) por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Asimismo, el fiscal pidió la absolución del socio de Bravo en la empresa Ulki, Pedro Atristain. Al coincidir en la petición con la acusación particular, el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, le comunicó directamente la absolución y le informó que podía abandonar la sala.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado Miguel Alonso Belza en nombre de la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales, solicitó para Bravo una pena de 27 años -tres menos que al inicio por retirar la acusación de cohecho y falsedad documental- y 7 años y 3 meses para Cobos -cuatro menos que al comienzo del proceso-.

Ingresos en su cuenta

El fiscal considera que durante el proceso se ha demostrado que Bravo no ingresó en la cuentas de Hacienda las cantidades que le entregaban en metálico los contribuyentes que tenían deudas con el fisco.

Larraya mantuvo que están probados los pagos de los ciudadanos y el ingreso de esas cantidades en las cuentas privadas de Bravo. Añadió que, posteriormente, el acusado dictaba una declaración de insolvencia de quienes le había entregado dinero con lo que Hacienda no volvía a reclamar ese dinero.

El fiscal afirmó en relación a Bravo que «es inexplicable que una persona que se considera inocente esté dispuesta a pagar 150.000 euros» para que se olvide el caso.

Por su parte, la acusación particular, que representa los intereses de las instituciones guipuzcoanas, destacó que José María Bravo se escudó en que las datas por insolvencia que dictaba tenían carácter temporal, no definitivo, pero que esta temporalidad, -según Belza- era «un dato insignificante porque a pesar de ser temporales, Hacienda no volvía a revisar esos expedientes». Esta afirmación de Belza dejó en evidencia los errores que el fisco de Gipuzkoa cometió durante ese periodo.