Cuando se vaticinaba ya una decisión inminente sobre el recurso de Sortu, un año después de ser presentado, las dudas vuelven a instalarse sobre el escenario. Esta vez el responsable es el propio Constitucional, que ha lanzado un órdago aparentemente definitivo para forzar su renovación, pendiente desde hace dos años debido a las discrepancias entre PSOE y PP sobre quiénes deben sustituir a un magistrado que falleció y a tres que han superado el periodo tope establecido para su cargo.

En la primera sesión del Pleno que debía abordar el caso de Sortu, celebrada el martes, aparentemente el Constitucional se limitó a discutir el tema del bloqueo. Por la tarde hizo pública una nota en la que exigía soluciones. Habla en ella de tomar «medidas drásticas» que no concreta, pero entre las que obviamente se baraja la de dejar sobre la mesa todos los asuntos pendientes. Ayer su presidente, Pascual Sala, reiteró en un acto público que no admiten más demoras: «Debemos confiar en que, una vez culminadas las citas electorales que han tenido lugar en el año 2011, el Congreso cumplirá sin más demora su deber constitucional y propondrá al Rey el nombramiento de los cuatro juristas de reconocida competencia que le corresponde elegir».

El órdago tiene un horizonte evidente: la reunión que mantendrán mañana Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Si en la misma no se alcanzara al menos un principio de acuerdo, cabe entender que el Constitucional ejecutaría esas «medidas drásticas» que por el momento se reserva.

Este emplazamiento favorece los intereses del PP. Mariano Rajoy se apresuró a asegurar, desde París, que cree que el Constitucional tiene razón y que espera un acuerdo «en breve». Por contra, Rubalcaba se mostró más esquivo y no dio por seguro que mañana se vaya a alcanzar el consenso que no ha sido posible desde 2010.

Así las cosas, evidentemente el caso de Sortu tampoco fue abordado ayer, en la segunda sesión de este Pleno del TC que durará semanas. Hoy es la tercera y última sesión de esta tanda inicial, pero visto el órdago defendido por Pascual Sala no parece que los magistrados vayan a tomar decisión alguna a la espera de la cita Rajoy-Rubalcaba.

Dos «progresistas» en el alero

Aun en el caso de que ambos llegaran a un punto de consenso, y dados los antecedentes, es muy dudoso que la renovación vaya a ser materializada en el Congreso antes del verano. Así que si el Constitucional llevara su presión al extremo y decidiera esperar, Sortu quedaría aparcado de nuevo, ya probablemente con unas elecciones al Parlamento de Gasteiz muy a la vista. Y con el riesgo de agravar, ante la mirada de instancias euro- peas, la dilación indebida con que está abordando todo este caso. Hay que recordar que a Sortu se le impidió la inscripción legal en un proceso fulminante de muy pocas semanas y que en cambio el recurso lleva más de un año sin respuesta.

El conflicto judicial tiene además otra derivada de fondo para Sortu, dado que si el caso fuera aparcado hasta materializarse la renovación, sería abordado ya por un Pleno diferente, con otro tipo de relación de fuerzas, en el que los llamados «conservadores» tendrán más peso debido a la actual posición dominante del PP sobre el PSOE.

La mayoría en estos últimos años ha tenido tintes «progresistas», lo que se situó como un factor relevante para la sentencia que validó a Bildu y que aparentemente ahora sustenta también la propuesta inicial de legalizar Sortu, redactada por la jueza Elisa Pérez Vera. La renovación seguramente equilibraría los dos bloques.

Precisamente Pérez Vera es una de las magistradas que tenían que haber sido relevadas en 2010, cuando expiró su mandato, al igual que Eugenio Gay -también «progresista»- y Javier Delgado -«conservador»-. Está pendiente igualmente designar al sustituto de Roberto García Calvo, magistrado cercano al PP que falleció en 2008.