CONSECUENCIAS DE LA ILEGALIZACIÓN
París y Madrid se disputan los fondos bloqueados a EHAK
Los abertzales afectados denuncian que llevan más de cuatro años sin tener una explicación. El Supremo español dice que intentó bloquear las cuentas, pero la Fiscalía francesa se le adelantó
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
Han transcurrido ya más de cuatro años desde que siete militantes liberados de EHAK sufrieran el bloqueo, sin aviso ni motivación previa, de sus cuentas bancarias personales. Las de varios de sus allegados y las de tres asociaciones también fueron embargadas. Desde entonces, a pesar de diversas demandas a la jueza Laurence Le Vert, de quien supuestamente (ya que tampoco tienen constancia de ello) partió la orden, no han conseguido saber las razones de dichas medidas, ni tampoco ante qué instancia judicial o administrativa recurrir para que las revoquen.
En una comparecencia ayer en Baiona, Eñaut Elosegi y Aurore Martin denunciaron esta situación, que califican de «incomprensible y escandalosa». También estuvieron presentes varios afectados, sus abogados Jean-François Blanco y Yolanda Molina y miembros del Colectivo de Ipar Euskal Herria para la resolución del conflicto».
Recordaron el contexto en el que se dieron los hechos el 8 de abril de 2008, dos meses después de la ilegalización en el Estado español de EHAK, y subrayaron que «supieron por la prensa» que se iba a proceder al bloqueo de sus cuentas, «en principio, en base a una comisión rogatoria internacional de la Audiencia Nacional».
Mutismo total
Las demandas de explicaciones a los jueces de instrucción tanto de París como de Madrid nunca han sido respondidas. «Desde hace cuatro años, es el mutismo total, tanto por parte de las instancias judiciales como por parte de los bancos», dijeron Martin y Elosegi. De paso, denuncia- ron la «actitud inaceptable» de ocho entidades bancarias «que ni nos advirtieron y nos denegaron cualquier información».
En enero de este año, se percataron «por casualidad» de que los fondos de algunas de las cuentas bloqueadas habían sido transferidos al AGRASC (la agencia estatal de gestión de bienes embargados y confiscados). Tampoco en este caso se les ha notificado nada oficialmente.
Es por ello que han decidido volver a iniciar otro procedimiento jurídico para exigir tanto a la jueza Le Vert como a la Fiscalía especial de París explicaciones y motivaciones que argumenten el mantenimiento de los embargos y la incautación de los fondos.
Según los abogados de los afectados, esta demanda se justifica aun más ahora que acaban de conocer un auto del Tribunal Supremo español, fechado el 10 de mayo pasado. Molina explicó que dicho auto responde a la demanda de desbloqueo de las cuentas afectadas: «En el mismo, el tribunal reconoce que la Justicia española intentó bloquear las cuentas de los militantes del Estado francés, pero que no pudo hacerlo porque la Fiscalía francesa ya había ejecutado el embargo en base a una investigación propia sobre `asocia- ción de malhechores'».
Contradicción
Los letrados observan «cuando menos una contradicción» en cuanto a la procedencia de la orden de embargo, según explicaron en la comparecencia.
Blanco añadió que se trata de una decisión «totalmente arbitraria e ilimitada en el tiempo, lo que conculca los derechos de los afectados a conocer el juez a quien dirigirse».
Además, recalcaron que se vulnera el artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos, que estipula el derecho a la información sobre la imputación y el derecho a la defensa en un plazo razonable.
Además de subrayar las consecuencias y trabas, «en algunos casos muy graves», que a nivel personal o en el de las asociaciones afectadas está suponiendo el embargo de las cuentas, Elosegi y Martin manifestaron que «ante la gravedad de la situación, nos invade una real preocupación de orden político».
Los portavoces de los afectados observan que la «estrategia represiva del Estado francés no cambia y que en estos últimos años se acelera con las detenciones de militantes de Batasuna, los registros de locales, las instalaciones de escuchas en su sede o en los vehículos y domicilios de los militantes...»
En un momento en que «Euskal Herria está apostando por un proceso democrático integral», les resulta incomprensible que los dos estados «sigan optando por el conflicto y por un sistema represivo bien rodado».
Martin y Elosegi citaron varios ejemplos, en particular los utilizados por el Estado francés «emulando los métodos del español». Entre ellos, las detenciones de militantes, la política penitenciaria, las euroórdenes y las extradiciones o las iniciativas encaminadas a la ilegalización de partidos y asociaciones políticas.
Consideraron que el bloqueo e incautación de las cuentas bancarias de las que son objeto «constituye un ejemplo más de la deriva de las legislaciones de excepción», y dirigiéndose específicamente a la jueza Le Vert y al Estado francés, preguntaron «hasta dónde están dispuestos a llegar». A.M.
