La abogada de Rosa Cobos, esposa del exdirector de la Hacienda de Irun José María Bravo y, al igual que él, imputada en el presunto fraude de esta oficina tributaria, sugirió ayer que su clienta pudo ser engañada por su marido, si finalmente se acredita que el dinero de sus cuentas pertenecía al fisco.

Así lo manifestó la letrada Mari Cruz López Gascón durante su informe ante el tribunal, en la última sesión del juicio que se ha celebrado por estos hechos desde el pasado 16 de abril en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

La Fiscalía pide para Cobos seis años y tres meses de cárcel por sendos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, mientras que la acusación particular demandó siete años y cinco meses por los mismos delitos y por el de malversación. En cuanto a su esposo, el Ministerio Público pide 24 años y tres meses para él, y la acusación particular, 27 años.

Ingresos al margen del salario

Durante el informe presentado ayer por la abogada de Cobos, ésta insistió en la inocencia de su patrocinada, de quien dijo que «jamás ha podido imaginar» que existiera en sus cuentas «cantidad alguna que proviniera de los contribuyentes guipuzcoanos». Añadió además que no ha quedado acreditado que Bravo haya «sacado de Hacienda las ingentes cantidades de dinero» que se le imputan en este procedimiento.

A pesar de ello, la letrada pidió al tribunal que «analice» si Cobos «pudo ser engañada» por Bravo, dado que cualquiera podría engañar a una persona con la que comparta la titularidad de una cuenta ingresando en ella una cantidad ilícita y decirle al otro que corresponde a la «minuta de un cliente».

Por este motivo, López Gascón reiteró que, si en las cuentas en las que su clienta aparecía como cotitular o persona autorizada se produjeron ingresos de dinero indebidos, habría sido engañada por su esposo, ya que le habría «omitido» datos esenciales. Lo que sí admitió es que a Cobos le constaba que su marido tenía unos ingresos «mucho mayores» al salario que percibía como funcionario, si bien ella creía que procedían de sus los trabajos como asesor y abogado, entre otros negocios al margen de su puesto en Hacienda.

La defensora afirmó que en las ocasiones en que su clienta preguntó a Bravo por estas cantidades su esposo le ofreció «una explicación coherente». Añadió que su defendida tampoco podría sospechar de la «importancia» de las inversiones realizadas por el matrimonio en el hotel y el spa que ambos montaron en Extremadura, ya que ella «ha invertido en este proyecto hasta su propia casa» y «todo lo que tenía», además de haber firmado «muchos préstamos» para ello.

Tras el informe de López Gascón, el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, antes de dejar el juicio visto para sentencia, recordó a los acusados su derecho a decir la última palabra, posibilidad que José María Bravo declinó y Cobos aprovechó para reiterar su inocencia.