Los parlamentarios de Bildu Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz repasaron ayer los principales hechos ocurridos en el año transcurrido desde la celebración de los comicios forales y locales y señalaron que el Gobierno navarro «ha sacrificado» en un año los derechos sociales, ha puesto en «jaque» todos los servicios públicos y ha dejado de tener un instrumento financiero propio, ya que «ha dilapidado la Caja Navarra, que tenía un patrimonio de 1.200 millones de euros y la han vendido por 200».

Según los parlamentarios abertzales, el último capítulo de ese final «lo escribieron ayer -por el martes- los representantes de UPN y PSN, erigiendo al artífice del desastre en consejero delegado de lo que queda de la entidad» (en alusión a Enrique Goñi). A su juicio, se está ante «un escándalo político».

Aseguraron que la ciudadanía navarra «va a conocer los oscuros lazos y nexos que unen a PSN y UPN con Goñi» y añadieron que ambos partidos «están sometidos a su dictado» por la información de que dispone el consejero delegado.

Preguntado sobre si disponía de algún dato concreto en ese sentido, Maiorga Ramírez comentó que el hecho de que quien ha dirigido el «fracaso evidente» de Banca Cívica y «ha dilapidado un patrimonio de 1.000 millones de euros de todos los navarros», después de «todo ese recorrido tan negativo para la ciudadanía y positivo para su bolsillo, ayer tuviera el aval de UPN y PSN, no obedece a los criterios lógicos a la hora de nombrar a las personas».

«Es evidente y todo el mundo sabe que son otros los motivos», según el parlamentario, quien subrayó que «el fraude a la historia de Navarra, a los impositores, a las arcas públicas, a las posibilidades de desarrollo económico y social tiene que tener responsabilidades políticas y veremos si penales», dijo.

Entretanto, el consejero y portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, aseguró ayer que «respeta» las decisiones que han adoptado los órganos rectores de Caja Navarra sobre su futuro y añadió que se trata de una entidad «ajena» al Ejecutivo foral.

Sánchez de Muniáin dijo que desde 2010 el Gobierno ya no está en el consejo de administración de Caja Navarra, y que tampoco forman parte de él representantes de los partidos políticos. Añadió que ahora, tras la integración en Caixabank, se tendrá que «tramitar un nuevo cambio de estatutos y el Gobierno no tendrá ninguna potestad». Por eso, puntualizó que el hecho de que Caja Navarra aprobara el martes la integración por absorción en el grupo catalán es una decisión «de la propia entidad» y «el Gobierno lo que tiene que velar es porque en estos momentos estén de la forma más asegurada los ahorros» de los clientes y «esté también asegurada su reversión en la obra social» de la entidad en el territorio.

Excedente de 1.500 empleos

Entretanto, el acuerdo de medidas de reestructuración de Banca Cívica, firmado el martes por CCOO, UGT, CSICA, SEA y GTB, que representan a un 98,19% de los trabajadores en el ámbito de la entidad Banca Cívica -que integra a Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias- prevé la salida de 1.500 trabajadores, el 20% de una plantilla de unos 7.800, mediante bajas incentivadas, prejubilaciones con 54 años y suspensiones temporales de empleo de forma voluntaria, aunque éstas serán obligatorias si entre las tres medidas no salen 1.500 empleados.

Las indemnizaciones serán de 35 días de salario por año de servicio con un límite de dos anualidades y un máximo de 200.000 euros. No obstante, los trabajadores que se acojan a las bajas indemnizadas con anterioridad al 15 de julio de 2012 percibirán 45 días de salario por año de servicio.