La asociación vecinal de Errekalde se congratuló ayer de que, con su resolución, el Ararteko sea la primera institución que «da un paso al frente en la defensa de nuestros derechos» frente a los aplausos del alcalde, Iñaki Azkuna, hacia la intervención de la Ertzaintza del 21 al 23 de setiembre de 2011, que Iñigo Lamarca «reconoce que fue desproporcionada».

«Nos sentimos despreciadas, humilladas y abandonadas cuando vimos que el alcalde no solo no pronunciaba la más mínima palabra de rechazo a la extrema violencia policial que ahora el Ararteko reconoce, sino que aplaudía la actuación de la Ertzaintza sin importarle la evidencia de los desmanes que en Errekalde se cometieron», manifestó Errekaldeberriz Auzo Elkartea.

No quedó ahí su reacción a la resolución del Ararteko, ya que también acusaron al consejero de Interior, Rodolfo Ares, de mentir y de seguir mintiendo «para ocultar su responsabilidad. «Mintió cuando habló de dos heridos, cuando se han recopilado 70 partes médicos de las más de 200 personas que probablemente resultaron afectadas por la violencia policial. Ahora miente cuando dice que solo ha habido dos denuncias, cuando han sido 23 las presentadas en los juzgados».

La AAVV espera nuevos apoyos desde otros ámbitos, como Amnistía Internacional. «Han pasado por encima del derecho a la protesta pacífica con una actuación brutal que ahora el Ararteko reconoce como tal», subrayaron, antes de reclamar la dimensión de Ares y Azkuna por su «incapacidad para evitar vulneraciones de derechos», con las gravísimas consecuencias que tuvieron.

Pero la batalla continúa, ya que pretenden demostrar en los juzgados que el Consistorio bilbaino «ha pasado por encima de la legalidad urbanística, saltándose en el caso de Kukutza todos los procedimientos para conceder cuanto antes la licencia de derribo, ya que la solidaridad con Kukutza crecía de forma imparable». «El alcalde será recordado por defender los intereses de especuladores y dejar abandonados a los vecinos cuando estos son brutalmente agredidos», manifestaron.

De ahí que solo esperan una resolución judicial favorable a la demanda presentada en diciembre de 2011 contra el Ayuntamiento por la licencia concedida, que el organismo ciudadano considera «nula de pleno derecho ya que el propietario no había cumplido con sus obligaciones urbanísticas, tal y como recoge la legislación».