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Los informes erróneos de interior que criminalizaron la iniciativa de Nafarroa Bizirik

Un informe elaborado por Interior analiza Nafarroa Bizirik, Nabarralde y la posición de la UNESCO Nafarroa sobre el V centenario de la conquista. La criminalización avaló el veto del Congreso. Pero nadie explica en qué se basó el Gobierno para hacer el documento.

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Alberto PRADILLA

No tenemos más comentarios que el informe elaborado para el Congreso». Con esta frase, fuentes del Ministerio español del Interior zanjaban las preguntas planteadas por GARA sobre los tres documentos elaborados a instancias de UPN en los que se recogen informaciones sobre Nafarroa Bizirik, Nabarralde y la UNESCO en Nafarroa. La filtración interesada de estos ficheros precipitó el veto de la Mesa del Congreso a la iniciativa sobre la conquista de Nafarroa. Los documentos, plagados de inexactitudes, se realizaron a instancias de Carlos Salvador, diputado de UPN, y buscaban criminalizar a la iniciativa para evitar su comparecencia en Madrid. Lo consiguieron gracias a la presión ejercida a través de dos noticias publicadas en «Diario de Navarra» y «El Mundo».

Esta nueva evidencia de vigilancia sobre organizaciones sociales y culturales coincide con el debate abierto tras la denuncia de la Unión de Guardias Civiles sobre la existencia de ficheros ideológicos ilegales. El presidente español, Mariano Rajoy, negó este extremo ante una pregunta formulada por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu. Pero lo que su Ejecutivo no aclara es en qué se basó para elaborar los informes en los que, por ejemplo, vinculan a Nafarroa Bizirik con la izquierda abertzale.

«Estamos ante una caza de brujas que pretende dar la vuelta a algo muy bonito, que es la trayectoria de Nafarroa Bizirik», señala Patxi Abasolo, miembro de la entidad y una de las personas que aparecen en los informes elaborados por Interior. El documento, fechado a 17 de abril, se basa en recortes de periódicos y tiene afirmaciones como la siguiente: «Todos los miembros pertenecen a las distintas organizaciones y plataformas de la autodenominada izquierda abertzale». Lo que no aporta el departamento que dirige Jorge Fernández es prueba alguna de ello.

El primero de los informes también menciona a Jalgi Hadi Garaipenera!, la gazte martxa desarrollada en abril y que Interior circunscribe a «una quincena de jóvenes que desarrollan esta actividad». Según el documento, «comparte objetivos con Nafarroa Bizirik».

Las inexactitudes aparecidas en estos documentos, filtrados luego por UPN, han sentado muy mal en la plataforma dedicada a reivindicar la memoria de la conquista de Nafarroa. «Según Interior, todos los miembros de la plataforma pertenecen a la izquierda abertzale. Nada más lejos de la realidad», asegura Patxi Abasolo, quien remarca que la iniciativa ha logrado aglutinar una importante pluralidad de sensibilidades. Según destaca, entre sus promotores se encuentra un diverso abanico que incluye a EA, al Partido Carlista...

También contra Nabarralde

No obstante, si existe un nombre utilizado para criminalizar Nafarroa Bizirik, este es el de Angel Rekalde. El segundo informe solicitado por UPN apela directamente a Nabarralde, que no iba a comparecer el lunes en el Congreso español. A pesar de ello, Salvador también pregunta por esta asociación. E Interior responde que «Nabarralde es un colectivo ligado a la izquierda abertzale, integrado por distintos personajes de varios ámbitos profesionales vinculados al descu- brimiento y recuperación de lo que ellos denominan memoria colectiva». Este documento cita a Tomás Urzainqui y a Ángel Rekalde. Sobre este último, se hace referencia a su antigua militancia en ETA. «Incluirme ha sido una maniobra para criminalizar la iniciativa, me han utilizado», lamentó el propio Rekalde a GARA. «Quieren criminalizar la conciencia que se está generando porque se sienten incómodos», señala, en referencia a las diversas iniciativas desarrolladas para recordar la conquista de Nafarroa hace cinco siglos. Ni siquiera tenía previsto tomar parte en el acto. Pero los medios a los que se les filtró la información lo dieron por seguro.

Nadie en el Ministerio del Interior explica en qué se basan los informes o hasta dónde llega la potestad de elaborarlos a petición de un grupo parlamentario. Pero lo cierto es que los documentos sirvieron para vetar un acto que ya estaba previsto realizar sin problema alguno.

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