Irlanda votó a favor del tratado fiscal pero, incluso para los partidos que buscaban ese resultado, hay poco que celebrar. Para el Gobierno irlandés, formado por una coalición de conservadores (Fine Gael) y laboristas, es evidente que este no es un voto de confianza hacia ellos o sus políticas. Para Fianna Fail, que desde la oposición también apoyó el voto favorable al tratado, la victoria tampoco se puede interpretar como una recuperación del partido, diezmado en las últimas elecciones por los escándalos de corrupción y por políticas que aplicadas durante sus doce años de gobierno los irlandeses consideran son la causa de la dimensión de la crisis. Lo que sí refleja el resultado son los sentimientos de los ciudadanos durante la campaña; la resignación al mandato de la troika formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea; y el miedo de los irlandeses ante la amenaza de que un voto en contra del tratado significaría el fin del rescate europeo.

Este es un tiempo extraño en Europa, donde el Gobierno alemán parece llevar la voz cantante en las decisiones, no solo de la Comisión Europea, sino de los propios gobiernos. Hace unas semanas, un documento interno -y confidencial- de la Comisión sobre la situación fiscal de Irlanda acabó siendo el centro del debate en el Parlamento alemán. Entonces se pidieron explicaciones, pero no trascendieron a la opinión pública. Que un documento confidencial sobre un Estado miembro se filtre al Parlamento alemán es preocupante. Más aún lo es que los políticos alemanes se consideren con derecho a debatir la situación económica de otro Estado soberano. En Irlanda, el chiste dice que al menos el nuevo jefe del Gobierno irlandés sabe lo que hace: su nombre es Angela Merkel.

Quizás es por ello que los diarios irlandeses se hicieron eco inmediato de la reacción de la canciller ante el resultado de la votación, que calificó de «buenas noticias para Irlanda y Europa». Especialmente, buenas noticias para los bancos alemanes, porque garantizan la continuación de los pagos desde Irlanda a los inversores alemanes, en su mayoría bancos, que especularon en los días de bonanza en Irlanda, y aún hoy siguen sin perder, ya que siguen cobrando por sus inversiones a pesar de la quiebra de esas entidades. Esta es una historia de «lavado» de dinero del sector público al privado: el dinero de los ciudadanos europeos (dinero público, por definición) viaja a Dublín para acabar en las manos de los bancos alemanes (privados, claro). Lo que no se comprende es cómo Merkel puede considerar buenas noticias «las demandas» del programa de consolidación y reforma, «que significarán nuevos recortes y dificultades» para los irlandeses, según ella misma advirtió.

Esta advertencia contradice las promesas de los políticos irlandeses favorables a la ratificación del tratado. El tratado es el «clavo ardiendo» al que se aferran los irlandeses, ya que algunos -una minoría de los que votaron a favor del tratado- se siguen agarrando a las promesas de los empresarios y gobiernos, de que el resultado les proporcionará puestos de trabajo, inversiones y el final de los pagos al pozo sin fondo de la deuda bancaria. Estas son promesas que ya se produjeron durante el referéndum del tratado de Lisboa y nunca se materializaron. Merkel ya les ha dicho a los irlandeses lo que les espera, que lo que viene es peor que lo que está, pero, claro, se reservó esa aclaración hasta después de la votación.

Que entre los grupos de población que más saben de promesas rotas el voto contra el tratado fuese especialmente alto muestra que, en tiempos de crisis, la división política se nutre de la división clasista. Es en las áreas donde más se han sufrido los recortes y que engrosan las listas de desempleo, donde la oposición al nuevo tratado ha sido más evidente. Frente al apoyo a la ratificación de los agricultores y las clases medias, el «no» ganó en las zonas trabajadoras. El «sí» ganó en el rico sudeste de Dublín, mientras que la oposición se hizo patente en el condado de Donegal, en el noroeste de la isla -víctima de la emigración, la falta de inversión e industria y, en consecuencia, de los recortes en las ayudas sociales- y en los distritos de clase obrera de Dublín. Por ejemplo, en Ballymun, en el norte de Dublín, casi un 90% de los votos se oponían al tratado fiscal.

En Donegal, norte y sur del condado, votaron contra el tratado fiscal. El portavoz de Finanzas de Sinn Féin, Pearse Doherty, es un nativo de Gwedore, en el área gaélicoparlante de Donegal. Apuntó que el rechazo al tratado en el noroeste no es sorprendente, debido al alto desempleo, a la alta emigración y al impacto de los recortes presupuestarios en servicios locales y escuelas rurales. Exponía el trasfondo del resultado del referéndum, advirtiendo de que «esta no es una gran victoria para el Gobierno». Doherty añadió que «cientos de miles de personas se manifestaron contra el tratado porque la austeridad que trae consigo ha sido un fracaso y lo seguirá siendo. Este Gobierno necesita tomar una nueva dirección si queremos dar al pueblo irlandés el futuro que se merece».

Lo que sí ha hecho el referéndum es reforzar la creencia de analistas y académicos de que la clase social-económica está empezando a jugar un papel importante en las tendencias de voto. Esta nueva división política, basada en la clase social, ha emergido recientemente y podría significar el punto final a la llamada «política de guerra civil» que ha marcado la historia de Irlanda desde su independencia de Gran Bretaña, a principios del siglo XX, y que ha mantenido a dos partidos conservadores, Fine Gael y Fianna Fail (los dos bandos de la guerra civil) en una alternancia de gobierno durante los últimos ochenta años. Las encuestas de opinión también confirman esta nueva tendencia, con Sinn Féin como segundo partido en la república irlandesa, superando a laboristas y a Fianna fail. Queda por ver si estas encuestas y la tendencia de voto en el referéndum se verán reflejados en las elecciones generales.