Lo sucedido durante estas semanas con Bankia, la dialéctica surgida entre el BCE y el Gobierno Español y la dimisión del Gobernador del Banco de España son claros síntomas de una realidad de fondo cada vez más evidente: el fracaso de la política bancaria española en el contexto de las políticas anticrisis. La crisis del sector bancario ha tenido algunas características específicas en el Estado español. Es llamativa la gran importancia que la sobreinversión en el sector inmobiliario ha tenido en los balances de las entidades financieras. Los activos tóxicos tienen en el Estado español un peso del sector inmobiliario netamente superior al de otros países.

Otra característica es la más que sorprendente crisis de las cajas de ahorros. En otros países, las cajas de ahorros, al haber realizado menores inversiones en los mercados de capitales y haber permanecido más comprometidas con su entorno natural, se han enfrentado a la crisis desde una posición más fortalecida que la banca privada. En el Estado español, al contrario, como consecuencia en parte de problemas de desenfoque estratégico y de corrupción, pero fundamentalmente, por el mayor peso de sus inversiones en el sector inmobiliario, las cajas se han encontrado en una situación más deteriorada a la hora de afrontar la crisis.

Las políticas bancarias anti-crisis pueden analizarse en función de las estrategias diseñadas para hacer frente a los activos tóxicos. Es destacable en este sentido que uno de los objetivos básicos de las políticas bancarias es reducir el peso de los activos tóxicos y aislarlos. Diversas estrategias se plantean para impedir que los activos tóxicos frenen la reactivación del crédito productivo.

Con frecuencia, se intentan concentrar los activos tóxicos en una o varias entidades, ubicando los activos no tóxicos en las restantes. De esta forma, se consigue un doble objetivo: Una gestión más focalizada de los activos tóxicos, para una liquidación eficiente y ordenada de los mismos y recuperar con mayor facilidad la confianza en las restantes entidades financieras, facilitando la reactivación del crédito productivo que es uno de los objetivos de las políticas anticrisis.

Es curioso que las políticas desarrolladas en el Estado español durante los años de crisis hayan actuado, en la práctica, en dirección contraria. A través de lo que se ha denominado como «política de consolidación bancaria», las entidades con mayor carga de activos tóxicos se han fusionado o integrado en otras entidades.

Ante la opinión pública, se trataba supuestamente de crear entidades más grandes y eficientes. Lo cierto es que, fuera del Estado, nadie entendía lo que estaba sucediendo. Ni por qué el Estado español liquidaba un activo social y económico tan esencial como las cajas de ahorros, ni por qué se abordaba como estrategia anticrisis una política de «consolidación» incomprensible.

Lo cierto es que no había ningún problema con la dimensión de las entidades financieras. Ni existía ningún tipo de argumentación que permitiera justificar que éstas, como consecuencia de las operaciones de fusión, alcanzaran una mayor eficiencia.

En realidad, el efecto de estas políticas bancarias no era otro más que retrasar el estallido de posibles crisis en entidades concretas y aumentar la dimensión del problema. Las crisis de pequeñas entidades se transformaron en crisis de entidades de tamaño medio y ahora, en el 2012, se están manifestando, a través de casos como el de Bankia.

Es decir, poco se hizo en el Estado español para reducir el peso de los activos tóxicos en manos de las entidades financieras. Poco se ha hecho para «aislar» los activos tóxicos en determinadas entidades que pudieran después necesitar una reestructuración específica o para intentar salvar el tejido de cajas, intentando segregar las masivas inversiones fuera de su entorno natural o en determinados activos especulativos acumulados en la última década.

Las cajas españolas han funcionado eficientemente durante 90 años, antes de que, como consecuencia de las desviaciones estratégicas de las mismas y del absurdo cuestionamiento de su status tradicional, se extendieran de forma sistemática fuera de su entorno natural y en operaciones de riesgo y de dimensiones que hubieran sido inaceptables dentro de la tradicional cultura de prudencia de las cajas.

Lo fundamental es que, con las cajas de ahorros, el Estado español ha perdido un activo esencial para el futuro desarrollo productivo, para las inversiones de autónomos y pymes y para el desarrollo local y regional. Como consecuencia de estas políticas, el sector bancario está alcanzando unos niveles de concentración inhabituales en los países occidentales, más propios de países en vías de desarrollo y que acarrearán problemas de competencia y de gestión política de este sector. A la vez, la dimensión de las entidades en situación crítica se ha incrementado sustancialmente, convirtiendo en «sistémica» cualquier crisis bancaria.

En síntesis: Si fuera del Estado nadie entendía las políticas bancarias anticrisis, ahora podemos decir aún más claramente que difícilmente podía haberse hecho peor. Se ha especulado mucho sobre las verdaderas razones latentes detrás de esta «política de consolidación» o sobre los posibles intereses particulares existentes.

Lo importante ahora es que la dimisión del Gobernador del Banco de España sea realmente el detonante para nuevas estrategias, más comprometidas con una reestructuración del sector bancario dirigida a asegurar la reactivación del crédito productivo y a preparar las bases de un futuro sistema financiero plural, diversificado y comprometido con el tejido productivo.