El Consejo de Gobierno de Lakua aprobó ayer el decreto de de reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia estatal desde 1960 a 1978. Amnistía Internacional denunció la pasada semana que dicho decreto no afronta la búsqueda de la justicia, determinando la identidad de quienes conculcaron los derechos humanos. La fundación Egiari Zor añadió ayer que tampoco aborda una «reparación con garantías de no repetición» y denunció que resulta discriminatorio en relación con las «víctimas del terrorismo».

A los efectos de este decreto, se considerará violencia de motivación política aquella que se haya producido, entre 1960 y 1978, concurriendo las siguientes condiciones: haber sido ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, con la intención de influir en la sociedad, y también haberse llevado a cabo en un contexto de impunidad, lo que dificultó tanto la investigación de los hechos como el propio reconocimiento y reparación de las víctimas.

Pueden acogerse a las ayudas los familiares de los fallecidos por actuaciones policiales o parapoliciales en ese periodo, o quienes sufrieron heridas invalidantes. Entre quienes cumplen esos requisitos se encuentran las familias de Angel Otaegi y Juan Paredes Manot, Txiki, fusilados el 27 de setiembre de 1975. Quedan excluidos quienes murieran en el ejercicio de una acción armada o en la respuesta policial a la misma.

El decreto se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco del 19 de junio y entrará en vigor el día siguiente, por lo que a partir del 20 de junio ya pueden comenzar a formalizarse las solicitudes. Los formularios y la documentación que se requiere aparecerán en el BOPV.

Una comisión de valoración se encargará de estudiar las solicitudes y reconocer la condición de víctima. Cinco de sus siete miembros serán nombrados por el Gobierno.

«Pésimo decreto»

La composición de esta comisión y los requisitos exigidos para probar la condición de víctima son dos de las muchas críticas que la fundación Egiari Zor hizo ayer públicas con relación al decreto. Sostiene que además resulta evidente la existencia de discriminación en relación con las llamadas «víctimas del terrorismo».

Egiari Zor hace además una crítica de fondo sobre el intento gubernamental de hablar de víctimas de abusos policiales en un contexto de respuesta a la violencia de ETA. La fundación recuerda que para cuando nació esta organización «el terror de Estado era omnipresente».

La pasada semana fue Amnistía Internacional quien criticó que el decreto no contemple la búsqueda de justicia. La portavoz del Ejecutivo reconoció que no se aborda esta cuestión para salvar su inconstitucionalidad.