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Una vez más, nos encontramos ante otra medida de rescate bancario por parte de la Unión Europea no basada en una perspectiva estratégica sobre los retos y las necesidades de uno u otro país, de uno u otro sector, sino en el pánico. El pánico a corto plazo ante un gobierno sin capacidad de financiación o ante un sector financiero a punto de estallido.

¿Significa esto que las políticas europeas de rescate son inevitables? Evidentemente, no. Transcurridos cinco años desde el estallido de la crisis, nada -o prácticamente nada- se ha hecho en la Unión Europea para asegurar la reestructuración del sistema financiero. Ni siquiera para corregir determinadas disfunciones de las políticas financieras o monetarias. No se ha empezado a analizar en serio la posible tasa sobre las operaciones financieras, ni se ha iniciado el trabajo dirigido a la posible creación de una o varias agencias de rating de titularidad pública, ni se han adoptado medidas para evitar el colapso derivado de desahucios de viviendas, ni se han adoptado medidas sobre las garantías para los depositantes, ni siquiera ha habido decisiones para regular los procesos concursales en el sector bancario, ni para controlar el mercado de derivados ...

El que, junto a esta inactividad, cada cierto tiempo la crisis financiera «estalle» creando una situación de pánico que «obliga» necesariamente a poner en marcha una nueva operación de rescate no es, en absoluto, un síntoma de la inevitabilidad. Solo la imprevisibilidad de una determinada situación de caos podría justificar operaciones masivas de transferencia de recursos a costa de los ciudadanos europeos. Y, desde luego, no es esto lo que está sucediendo.

Desde el punto de vista de la sociedad española, el que durante estos días se haya creado un clima de unanimidad favorable al rescate europeo es, digámoslo claramente, vergonzoso. Si un rescate de la banca española con cargo a los recursos públicos españoles es innecesario, injusto e indignante para los ciudadanos españoles, no debería serlo menos por el hecho de que sean los bolsillos del conjunto de los ciudadanos europeos los que hagan frente al mismo. Digámoslo una vez más: esto no es ni ético ni serio.

Al parecer, esta medida del Eurogrupo ha sido forzada ante la proximidad de las elecciones griegas y con el fin de evitar el riesgo de caos que pudiera producirse a raíz de las mismas en el conjunto de los países periféricos europeos. Pero esto no quiere decir que responda a una estrategia única común de los Estados miembros de la unidad monetaria europea.

Al contrario, mientras hacer frente al riesgo del caos en los países periféricos tiene, en principio, el claro objetivo de salvar la unidad monetaria, cada vez son más quienes, en realidad, están pensando en evitar situaciones de pánico con el fin de asegurar que la ruptura de la Eurozona se produce de la forma más ordenada posible. Por último, no hay que olvidar que algunos países avanzados europeos se ven sometidos a un creciente chantaje para asumir transferencias de recursos en las que no creen ni como táctica a corto plazo ni como verdadera estrategia anti-crisis.

No hay que despreciar en este sentido la sorprendente agresividad del nuevo gobierno de Hollande a favor de los rescates bancarios y el desequilibrio que ello ha supuesto en las políticas europeas anti-crisis. Desequilibrio que -de continuar en la dirección actual- puede llevar a rupturas políticas impensables hace unos meses.

A medida que los problemas de fondo del sistema financiero -y del sobreendeudamiento en general de la economía occidental- continúan sin resolverse, se olvida la contradicción fundamental entre economía real y sector financiero y, como resultado, la dialéctica de la política económica se ha ido trasladando progresivamente a una creciente disputa entre países por quién se hace cargo de unas u otras consecuencias de la crisis económica.

Los países avanzados europeos no van a aguantar mucho más. En primer lugar, porque sus economías ya están sufriendo significativamente el coste de las aportaciones a los fondos de rescate. En segundo lugar, porque los retos que plantea el desequilibrio entre sistema financiero y economía real son de tal dimensión que existe un alto riesgo de que todo lo que estamos viviendo hasta ahora en la periferia europea sea solo el comienzo.

100.000 millones de euros suponen cerca del 7% del Producto Nacional Bruto español. Una barbaridad. Pero el sobreendeudamiento de la economía española puede estar situado entre un 250% y un 300% del PNB. Nadie sabe con certeza qué parte de este sobreendeudamiento podrá prolongarse en el tiempo y qué parte será inevitablemente compensada o bien generará nuevos episodios de pánico en el sector financiero. Seamos serios. Si se producen nuevos estallidos en el sistema financiero español, no hay políticas de rescate público que sean capaces de hacer frente a estos riesgos. Ni contando con recursos europeos, ni con el FMI. Salvo que pretendamos hundir a Europa con nosotros.

El sector bancario ni debe ni puede ser rescatado. Debe ser reestructurado, a través de un impago de los compromisos del sector bancario con el mercado de capitales. O bien mediante una segmentación de actividades o un «ring-fencing» con un objetivo similar.

El procedimiento más ordenado para ello puede ser poner en marcha esta reestructuración entidad por entidad a través de procedimientos de concurso de acreedores. Si ello no es posible, a través de la declaración de impago de estas deudas privadas o mediante una devaluación. En este contexto, España debe analizar muy seriamente, cuanto antes, la posibilidad de una salida ordenada de la Eurozona. Antes de que sea demasiado tarde y esta salida termine produciéndose en una situación de caos.

Pensar que los países avanzados europeos deben admitir de forma voluntaria destruir sus economías para hacer frente no ya a las necesidades de nuestros ciudadanos o a los retos de nuestro sistema productivo, sino al agujero negro de nuestros sistemas financieros, es pedir demasiado.