Javier Pérez Royo tuvo claro desde el principio que los estatutos de Sortu nunca debieron de ser impugnados. Por eso ha recibido con «satisfacción» la decisión del Tribunal Constitucional de amparar el recurso contra el veto a su registro como partido político. Atiende a GARA por vía telefónica desde Nueva York apenas 24 horas después de que se haga público el fallo, analizando el «tira y afloja» que ha retrasado tanto la legalización del partido abertzale.

Finalmente, el Tribunal Constitucional español ha avalado la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. ¿Cuál es su primera valoración?

Esto pone punto final al proceso que se inició cuando Sortu depositó sus estatutos en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Ya no cabe ningún recurso contra esta actuación, por lo que el tema, judicialmente, está resuelto. El partido adquiere ahora personalidad jurídica. Este es el punto final de la batalla por la legalización de Sortu y, por tanto, por la normalización de este partido como uno más.

Ha transcurrido más de un año desde que el Supremo vetó la inscripción de Sortu. ¿Por qué se ha alargado tanto el proceso de legalización?

El tema era muy conflictivo, no en el País Vasco pero sí en España. No obstante, se trata de una cuestión que no se tenía que haber planteado siquiera. El Gobierno no debería haber actuado y la Fiscalía no debería haber interpuesto recurso. Los estatutos eran clarísimamente encajables en la Constitución y la Ley de Partidos. Una vez que se planteó, tenía muchas complicaciones, porque existía división en el seno del Supremo, en el Constitucional, y en la sociedad española en general. Había mucha tensión, mucha división, y eso es lo que ha sido: un tira y afloja durante todo este tiempo que, afortunadamente, se ha resuelto bien. Además, la resolución es definitiva. existirá el derecho al pataleo, pero ya no tiene recorrido.

Sin embargo, el Constitucional ha impuesto algunas condiciones, como lo que denomina «no equiparar» a las víctimas de la violencia de ETA con los presos.

Se han incluido una serie de condicionantes en los que se avisa sobre una posible ilegalización sobrevenida. Pero eso no tiene ninguna importancia. Se añade por curarse un poco en salud, pero Bildu y Amaiur ya están en las instituciones y no pasa nada. No ha habido ningún intento de ponerles fuera de la ley. Además, progresivamente, todo va a estar más normalizado. Las próximas elecciones se van a celebrar relativamente pronto y en ellas Sortu podrá estar como un partido normal y, previsiblemente, tendrá muy buenos resultados y acumulará un espacio importante en el País Vasco, lo que hará todavía más inverosímil que se le pueda poner otra vez fuera de la ley. Creo que ya está resuelto, afortunadamente. Nada permite aventurar una decisión ulterior.

En una entrevista anterior, usted señalaba que el Estado español no podía permitirse que el caso llegase a Europa. ¿Ha podido influir este dato?

Si el Constitucional no hubiese dado el amparo, podría haber ido a Europa y, probablemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese condenado al Estado español. Pero la sentencia no es recurrible.

La derecha española ha cargado contra una decisión adoptada por un Constitucional dividido.

También decidió dividido el Supremo. Fue exactamente igual, solo que del signo contrario. Si valió para el Supremo, ¿por qué no va a valer para el Constitucional? Además, dos de los magistrados que no están a favor de la legalización no emiten votos particulares. Así que hay una diferencia con respecto a la sentencia anterior. También se ve un movimiento interno dentro del Constitucional, no se aprecia la animosidad o la contundencia en la ilegalización que se vio, por ejemplo, en la sentencia de Bildu. Se puede interpretar como algo positivo.

Ha señalado que la decisión no se entendía en la sociedad española. ¿Cree que la sentencia puede hacer una labor de pedagogía hacia quienes todavía defienden la exclusión política?

Esta sentencia tiene un efecto pedagógico enorme. Dentro de nada se entenderá esto de una forma bien distinta de como se hacía antes de la sentencia sobre Bildu. Esta sentencia va a influir mucho en la formación de la opinión pública.

Las consecuencias políticas también son evidentes.

Se van a desarrollar unas elecciones en la que, por primera vez, se va a vivir, por qué no decirlo, en normalidad. No va a haber ni la violencia que existía ni un sector de la población no va a poder expresarse políticamente. Por primera vez se va a poder participar en igualdad de condiciones. Ahora habrá que ver qué es lo que decide el pueblo vasco en estas circunstancias.