El decreto sobre víctimas de la violencia estatal desarrollado por Lakua no ha satisfecho las expectativas de las asociaciones por la memoria y el recuerdo de los fallecidos por la represión española. La última en sumarse a las numerosas críticas que desde diversos sectores arrecian contra el gobierno de Patxi López ha sido la fundación Egiari Zor, que criticó ayer duramente el decreto sobre unas víctimas «que ni han sido reparadas, ni han recibido justicia, ni verdad».

Lo hizo por medio de Karmelo Arregi -hermano de Susana Arregi, militante de ETA muerta en Foz de Irunberri- y Elena Bartolomé -compañera de Josu Muguruza, abatido en Madrid cuando iba a recoger su acta de diputado de HB- Junto a ellos comparecieron José Luis Sainz, padre Roberto Sainz, muerto por un infarto cuando estaba en prisión, y Begoña Fernández, hermana de Iñaki Fernandez de Nograro, fallecido tras volver enfermo del exilio.

Arregi y Bartolomé valoraron, en euskara y castellano respectivamente, las últimas novedades acaecidas en Euskal Herria en torno a las víctimas del conflicto y a su memoria. En ese sentido, celebraron el «éxito» de la Iniciativa Glencree, en la que víctimas de ambas violencias pusieron en común vivencias y sentimientos. Ambos consideraron que esta experiencia «ha sido un paso en la buena dirección, útil para fortalecer el camino de la paz e incentivar la convivencia».

Decreto insuficiente

Arregi y Bartolomé se mostraron mucho más severos a la hora de juzgar el nuevo decreto sobre víctimas de «abusos poli- ciales» del Gobierno de Lakua. En su opinión, el ejecutivo de López «no ha tenido en cuenta las enmiendas más importantes propuestas para mejorar el decreto» de unas víctimas, que «ni han sido reparadas, ni han recibido justicia, ni verdad».

Sin embargo, Egiari Zor considera que el Gobierno de Gasteiz si ha cedido «a las presiones recibidas del Gobierno Español, haciendo desaparecer del borrador inicial los derechos a la verdad y a la justicia y limitando el derecho a la reparación a una mera quita indemnizatoria».

Algunos puntos de este decreto resultan especialmente irritantes para la fundación Egiari Zor, como aquel en los fallecidos son considerados «víctimas de excesos policiales, en lugar de víctimas del terrorismo de Estado».

Además, el decreto no acepta como víctima a ninguna persona que estuviese desarrollando una «actividad violenta». A juicio de Egiari Zor, estas exigencias pretenden «negar que los militantes de ETA muertos deliberadamente por la polícia, o los que resultaron muertos en el enfrentamientos con la misma, deban recibir reconocimiento o reparación». Por ello, emplazaron a López a que «abandone la trinchera y reconozcaa todas las víctimas».

Frente a este decreto, ambos portavoces anunciaron que su fundación dará a conocer en otoño «los nombre y apellidos de todas las personas muertas por la violencia del estado», de modo que su visualización se oponga a «las mentiras mil veces repetidas y al ocultismo» del Estado Español. Y adelantaron que en la lista hay 379 nombres.

La demanda de derechos civiles y políticos sigue dando pasos pueblo a pueblo. Plazara! es una de las plataformas más activas y ayer celebró en Judimendi la manifestación que muestra la foto, para denunciar todos los casos pendientes. En Iruñea, Eleak celebró horas antes una marcha en bici por el mismo motivo.