La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) ha presentado ante el Ararteko una demanda contra la manera de proceder de Osalan en relación al amianto y a la campaña de propaganda que está desarrollando desde que se creó la ponencia en el Parlamento de Gasteiz para valorar la creación de un fondo de compensación para los afectados por el mineral cancerígeno.

Asviamie pone en duda todas las actuaciones que Osalan reseña en el informe sobre el amianto en relación «a la emisión de informes de exposición de trabajadores a fibras de amianto, a la realización de jornadas informativas, a la asistencia a reuniones de seguimiento a nivel nacional, al asesoramiento a empresas, a la preparación de informes para el Parlamento de Gasteiz entre otros» y advierte de que «nos parece significativo que apenas se enumeran dichas acciones con una información suficiente mediante la cual podamos confirmar que dichas actuaciones se han llevado a cabo de forma satisfactoria».

Sobre la Unidad de Salud el informe oficial de Osalan también puntualiza una serie de actuaciones como, la mejora del procedimiento interno de investigación de enfermedades profesionales, la oficialización del registro de posibles expuestos, la optimación de actuaciones a la Atención Primaria, colaboración con el Ministerio de Sanidad, o el convenio con la Seguridad Social. Sin embargo, Asviamie advierte de que «lo que se aporta no está lo suficientemente documentado como para comprobar que la mayoría de las acciones que se citan no pasan de una mera declaración de intenciones».

Incumplimientos

Asviamie insiste que la mayoría de las cuestiones citadas «no son más que tareas que deberían de haberse puesto en marcha una vez aprobado el Real Decreto 396/2006 de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto».

Los familiares y afectados del amianto advierten de que «hemos sido testigos del incumplimiento generalizado de citado Real Decreto por parte de las empresas, entes públicos como ayuntamientos y Osakidetza». También denuncian «la falta de colaboración de Osalan a la hora de acompañar a las víctimas del amianto en sus labores asesoramiento para satisfacer nuestras demandas de cara a las actuaciones que realizamos».

En relación a las investigaciones de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto, Asviamie señala que «hemos podido comprobar que como consecuencia de un acuerdo suscrito entre Osalan y la Seguridad Social (INSS), cuantas solicitudes de investigación de enfermedades profesionales se remiten a Osalan éste a su vez las reenvía al INSS, dejando que sea este segundo organismo quien decida si se inicia o no un expediente de enfermedad profesional, trámite que se inicia en el caso de que exista algún tipo de prestación».

Investigación de la salud

La asociación expresa que «el problema es que en muchas ocasiones no existen este tipo de prestaciones porque se trata de trabajadores jubilados o viudas de trabajadores ya fallecidos, con lo que no se inicia ninguna investigación al respecto, salvo que el propio interesado solicite al INSS la declaración de la enfermedad profesional». Estas situaciones se producen en Araba y Bizkaia.

Otra irregularidad que advierte Asviamie es que «ante la imposibilidad de obtener este tipo de informes de investigación de enfermedad profesional, como decimos, se está solicitando directamente ante el INSS el reconocimiento de la enfermedad profesional. Para ello resulta, preceptivo que tanto Inspección de Trabajo como Osalan emitan informes de investigación. Pues bien, hemos podido comprobar, al menos en el caso de Bizkaia que, si bien la Inspección de Trabajo sí emite informe de investigación de la exposición a amianto del trabajador y su relación con la enfermedad padecida, en los expedientes administrativos no hay constancia de la existencia de dichos informes por parte de Osalan». Esa omisión supone «una conculcación del procedimiento legal», ya que «el informe emitido por Osalan resulta determinante». En materia de comunicación de sospechas de enfermedades profesionales, «hemos podido comprobar -dice Asviamie- cómo dicho sistema no está funcionando por igual en las tres herrialdes». Sí se aplica en Gipuzkoa, pero «no está ocurriendo lo mismo con Araba y Bizkaia».

De esta forma, muchos afectados y casos de trabajadores fallecidos, «acuden a la asociación solicitando ayuda para la declaración de la enfermedad profesional, habiendo sido previamente aconsejados por sus propios médicos para que procedan en tal sentido». Entendemos, que Osalan deberá intensificar su labor. Piden que se desarrollen los programas de vigilancia porque hay muchos que han quedado fuera.