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condenas a videla y otros diez represores por el robo de bebés

Cúmulo de emociones ante una sentencia histórica y esperada

El exjefe de la Junta Militar argentina Jorge Rafael Videla recibió 50 años de prisión, el máximo previsto por la ley, por el robo de menores durante la dictadura. Junto a él fueron condenados otros diez represores. Por primera vez, el tribunal reconoció la existencia de «una práctica sistemática de sustracción de menores de edad dentro de un plan de aniquilación».

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Ainara LERTXUNDI

«Condenas ejemplares, llantos de alegría mezclados con impotencia, muchos abrazos, rostros con más paz, genocidas a una cárcel común, orgullo por nuestra justicia argentina», manifestó a GARA Adriana Fernández, militante en favor de los derechos humanos, después de conocer la sentencia que, por primera vez, reconoce la existencia de «una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos del terrorismo de Estado desde 1976 a 1983».

La del jueves era una sentencia pendiente desde el Juicio a las Juntas en 1985 cuando el tribunal dictaminó que no había pruebas para determinar que la desaparición de menores durante la dictadura fue algo planificado, atribuyendo lo ocurrido a decisiones individuales. En aquella ocasión, el dictador Jorge Rafael Videla fue absuelto de cinco de los seis casos de sustracción que llegaron a juicio.

El robo de menores fue el único delito que quedó al margen de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharon ese resquicio legal para proseguir con la causa que, 15 años después de la presentación de la querella, llegó a juicio en febrero de 2011.

«En 1996 un grupo de abuelas iniciamos el pedido para que se investigase y probase que fue un plan sistemático lo que se puso en práctica para robarnos los nietos nacidos de nuestras hijas en campos de concentración o robados, ya nacidos, en los hogares que allanaban», recordó la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el escenario situado frente a la sede del tribunal.

«¡Cuántos años luchando! Porque la Justicia exige pruebas y los que saben no hablan y esconden sus delitos. Pero fuimos acumulando las pruebas con la misma perseverancia que tenemos las abuelas desde hace 35 años para buscar a dos generaciones», remarcó.

«Hemos logrado instalar en la Justicia, y esperemos que también en la sociedad, que estos crímenes son gravísimos, son de lesa humanidad, no prescriben y tenemos que resolverlos implacablemente día a día, porque convivir con delincuentes de esta calaña es imposible pensar», añadió en declaraciones más pausadas a Radio América.

Carlotto incidió en el carácter «histórico» de esta sentencia porque «expone explícitamente en los fundamentos que existió un plan sistemático puesto en práctica, elaborado y ejecutado por los represores, lo cual ya nos beneficia para los futuros juicios que se puedan ir iniciando en el país», y porque «impone 50 años de condena para Videla. Algo inédito. Es la primera vez que la Justicia impone semejante pena».

Sin embargo, el resto de condenas fueron significativamente menores a las que habían pedido la Fiscalía y las querellas.

El último jefe de la Junta Militar Reynaldo Bignone, por ejemplo, fue condenado a 15 años cuando la petición fiscal era de 50 años. Fue quien firmó el Documento Final, que decretó la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

En la etapa preliminar del proceso judicial, las acusaciones presentaron como prueba su libro «El último de facto», en el que afirmaba que la elaboración de una lista de muertos «hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían las interrogantes: ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el cadáver? ¿Por qué lo mataron?».

Cuando Carlotto acudió a su despacho para preguntar sobre su hija Laura -en ese momento ni siquiera sabía si todavía seguía con vida y que había dado a luz a un niño al que llamó Guido-, el propio Bignone le insinuó claramente que su destino era la muerte.

Otra de las condenas que causó malestar fue la impuesta a los apropiadores de Abel Madariaga, Víctor Gallo (15 años) y Susana Colombo (5 años). Él estuvo acompañado por su padre, Francisco Madariaga, uno de los pocos padres supervivientes.

Madariaga hijo, que se mostró orgulloso de su madre mientras sostenía su retrato, lamentó el leve castigo a Colombo, quien en su defensa alegó haber sido víctima de violencia sexista.

Remarcó que ella fue tan responsable y siniestra como Gallo, aunque destacó su confianza en la Justicia argentina.

«Como sociedad tenemos que crecer en el castigo a los apropiadores. El fallo de los apropiadores de mi hijo durante 32 años y medio es vergonzoso, porque cualquiera que robe un un hijo durante 32 años y medio tiene que cumplir una condena severa. Y eso, como sociedad, lo tenemos que corregir porque la apropiación de menores es un delito de lesa humanidad», subrayó Francisco Madariaga.

Aunque el texto íntegro de la sentencia no se conocerá hasta el 17 de setiembre, los jueces avanzaron la investigación contra el excapellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense, Alberto Graselli, cuyo nombre aparece en numerosos testimonios por conocer e intervenir en el robo de menores. En su opinión, aquellos niños «no debían vivir contaminados de la ideología marxista».

Otro de los puntos reseñables es que incluye a los nietos aún no restituidos, cuya desaparición define como «delito continuado no prescriptible».

En el juicio se abordaron 35 casos de sustracción, de los cuales 26 correspondieron a nietas y nietos restituidos. Los nueve restantes -entre ellos Clara Anahí, la nieta de la primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, y Guido, de la actual Estela de Carlotto- siguen cubiertos por el manto de silencio de los represores y bajo una identidad falsa.

el caso de sara

A Sara Méndez le arrebataron su hijo de 20 días cuando fue secuestrada en 1976 en Buenos Aires y llevada a Uruguay. Tardó 26 años en poder encontrarlo. El jueves acompañó al resto de familiares en la lectura de la sentencia.

seguimiento

Los principales medios internacionales -desde la BBC y «The Guardian» a Al Jazeera- se hicieron eco del fallo, destacando «el paso de gigante» dado por Argentina.

La juez que dejó morir a un bebé con síndrome de down

A lo largo del año y medio que ha durado el juicio, cerca de 120 testigos, entre abuelas, nietos, supervivientes, médicos, enfermeras..., han aportado su granito de arena para dibujar el funcionamiento de las maternidades clandestinas en las que «las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas. Las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores posparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado ni se interesaba por ellas. Solo se las volvía a buscar a fin de ser trasladadas -equivalente a su muerte-», tal y como sostuvo el fiscal Martín Niklison en sus conclusiones.

Todos estos testimonios también han ayudado a airear las complicidades de ciertos jueces de menores en la ocultación de estos niños, como la magistrada de Lomas de Zamora, Delia Pons, fallecida en 1994. Por sus manos pasaron varios hijos de desaparecidos a los que se negó a entregar porque eran «montoneros que habían desafiado a la Constitución» y no merecían cuidarlos. Uno de los casos más sangrantes es el del bebé de nueve meses Emiliano Ginés, con síndrome de down, que falleció en el hospital Sor María Ludovica tras ser separado de su madre. Hasta entonces, su desarrollo era perfectamente normal.

En el juicio, la asistenta social María Felicitas Elías, que trabajó en el Juzgado de Pons, relató cómo esta rompió el documento de identidad que había llegado «en el pecho de Ginés, que llegó al juzgado en brazos de un policía de la provincia de Buenos Aires».

«La juez sale de su oficina en ese instante. Yo estaba ahí, dice quién es, se le informa, rompió el documento y lo tiró al tacho de la basura», recordó.

Pons también envió deliberadamente a tres hermanos a un internado, donde sufrieron abusos sexuales, pese a tener constancia de que una tía paterna pedía su custodia. Finalmente, tras un largo proceso, pudieron reencontrarse con su padre, exiliado en Suecia. «Dijo que eran hijos de un paraguayo montonero que no merecía recuperarlos», indicó Elías.

Otro de los jueces implicados fue Gustavo Mitchell, que intervino en la entrega de Simón Riquelo a un subcomisario. A. L.

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