«Condenas ejemplares, llantos de alegría mezclados con impotencia, muchos abrazos, rostros con más paz, genocidas a una cárcel común, orgullo por nuestra justicia argentina», manifestó a GARA Adriana Fernández, militante en favor de los derechos humanos, después de conocer la sentencia que, por primera vez, reconoce la existencia de «una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos del terrorismo de Estado desde 1976 a 1983».

La del jueves era una sentencia pendiente desde el Juicio a las Juntas en 1985 cuando el tribunal dictaminó que no había pruebas para determinar que la desaparición de menores durante la dictadura fue algo planificado, atribuyendo lo ocurrido a decisiones individuales. En aquella ocasión, el dictador Jorge Rafael Videla fue absuelto de cinco de los seis casos de sustracción que llegaron a juicio.

El robo de menores fue el único delito que quedó al margen de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharon ese resquicio legal para proseguir con la causa que, 15 años después de la presentación de la querella, llegó a juicio en febrero de 2011.

«En 1996 un grupo de abuelas iniciamos el pedido para que se investigase y probase que fue un plan sistemático lo que se puso en práctica para robarnos los nietos nacidos de nuestras hijas en campos de concentración o robados, ya nacidos, en los hogares que allanaban», recordó la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el escenario situado frente a la sede del tribunal.

«¡Cuántos años luchando! Porque la Justicia exige pruebas y los que saben no hablan y esconden sus delitos. Pero fuimos acumulando las pruebas con la misma perseverancia que tenemos las abuelas desde hace 35 años para buscar a dos generaciones», remarcó.

«Hemos logrado instalar en la Justicia, y esperemos que también en la sociedad, que estos crímenes son gravísimos, son de lesa humanidad, no prescriben y tenemos que resolverlos implacablemente día a día, porque convivir con delincuentes de esta calaña es imposible pensar», añadió en declaraciones más pausadas a Radio América.

Carlotto incidió en el carácter «histórico» de esta sentencia porque «expone explícitamente en los fundamentos que existió un plan sistemático puesto en práctica, elaborado y ejecutado por los represores, lo cual ya nos beneficia para los futuros juicios que se puedan ir iniciando en el país», y porque «impone 50 años de condena para Videla. Algo inédito. Es la primera vez que la Justicia impone semejante pena».

Sin embargo, el resto de condenas fueron significativamente menores a las que habían pedido la Fiscalía y las querellas.

El último jefe de la Junta Militar Reynaldo Bignone, por ejemplo, fue condenado a 15 años cuando la petición fiscal era de 50 años. Fue quien firmó el Documento Final, que decretó la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

En la etapa preliminar del proceso judicial, las acusaciones presentaron como prueba su libro «El último de facto», en el que afirmaba que la elaboración de una lista de muertos «hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían las interrogantes: ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el cadáver? ¿Por qué lo mataron?».

Cuando Carlotto acudió a su despacho para preguntar sobre su hija Laura -en ese momento ni siquiera sabía si todavía seguía con vida y que había dado a luz a un niño al que llamó Guido-, el propio Bignone le insinuó claramente que su destino era la muerte.

Otra de las condenas que causó malestar fue la impuesta a los apropiadores de Abel Madariaga, Víctor Gallo (15 años) y Susana Colombo (5 años). Él estuvo acompañado por su padre, Francisco Madariaga, uno de los pocos padres supervivientes.

Madariaga hijo, que se mostró orgulloso de su madre mientras sostenía su retrato, lamentó el leve castigo a Colombo, quien en su defensa alegó haber sido víctima de violencia sexista.

Remarcó que ella fue tan responsable y siniestra como Gallo, aunque destacó su confianza en la Justicia argentina.

«Como sociedad tenemos que crecer en el castigo a los apropiadores. El fallo de los apropiadores de mi hijo durante 32 años y medio es vergonzoso, porque cualquiera que robe un un hijo durante 32 años y medio tiene que cumplir una condena severa. Y eso, como sociedad, lo tenemos que corregir porque la apropiación de menores es un delito de lesa humanidad», subrayó Francisco Madariaga.

Aunque el texto íntegro de la sentencia no se conocerá hasta el 17 de setiembre, los jueces avanzaron la investigación contra el excapellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense, Alberto Graselli, cuyo nombre aparece en numerosos testimonios por conocer e intervenir en el robo de menores. En su opinión, aquellos niños «no debían vivir contaminados de la ideología marxista».

Otro de los puntos reseñables es que incluye a los nietos aún no restituidos, cuya desaparición define como «delito continuado no prescriptible».

En el juicio se abordaron 35 casos de sustracción, de los cuales 26 correspondieron a nietas y nietos restituidos. Los nueve restantes -entre ellos Clara Anahí, la nieta de la primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, y Guido, de la actual Estela de Carlotto- siguen cubiertos por el manto de silencio de los represores y bajo una identidad falsa.